La reforma energética debilitó la regulación ambiental, que ya era endeble, y se creó una agencia con el propósito de que las empresas tengan facilidades para la explotación de hidrocarburos, advirtieron participantes en el foro nacional sobre los impactos de dicha reforma.

En un recuento de las licitaciones efectuadas, se encontró que hay ocho firmas fantasma mexicanas que han concursado, lo que puede dar paso a lavado de dinero y corrupción, sostuvo Óscar Escamilla, de la organización Empower.

Explicó que de acuerdo con una solicitud de información reportada por la Secretaría de Energía, no hay registros públicos de Sapi SA de CV y Sapi de CV, lo cual podría llevar a impugnar las rondas de licitación. Aunque precisó que se trata de información que aún debe documentarse para hablar de que efectivamente se trata de empresas fantasma y lavado de dinero.

Mencionó que hay firmas nacionales dedicadas al sector de hidrocarburos que son de ex directores de Pemex, miembros de sindicatos, funcionarios municipales de Tabasco y ex secretarios de Estado que, más allá de tráfico de influencias, no tienen experiencia en el tema.

Aroa de la Fuente, de la organización Fundar, recordó en su intervención que se creó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea), que se encarga de todos los proyectos de hidrocarburos y de las evaluaciones de impacto ambiental del sector, las cuales estaban a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dijo que todo se planea para que las empresas tengan prioridad sobre las comunidades, los derechos de los pueblos y el cambio climático. Además, los tiempos no los define el Estado, sino que se dan a partir de los intereses de las empresas y de lo que éstas requieren que se licite.

Fermín Ledezma expuso el caso del territorio zoque de Chiapas, que fue sacado de la licitación 2.2; concluyó que hay varias aristas en el tema. Una de ellas, precisó, es el dilema de la consulta indígena, a quién se debe preguntar; la amenaza de los recursos naturales comunes; profundas violaciones a disposiciones administrativas; daños a la salud humana y al ambiente, así como opacidad en la información pública.