En México es urgente la creación de una agencia nacional de ciberseguridad porque el riesgo de ataques cibernéticos es real, por ser uno de los países emergentes más atractivos, advirtieron especialistas de distintas organizaciones nacionales.

Ricardo Zermeño, director de la empresa Select, puntualizó que a nadie le gusta revelar que ha sido víctima de un ciberataque, por lo cual es difícil cuantificar los daños; sin embargo, los reportes internacionales de los últimos eventos refieren daños por 400 mil millones de dólares, de los cuales México habría sido afectado con 4 o 5 mil millones.

Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, señaló que ante los tiempos políticos y electorales que vive el país, sería indispensable que por lo menos se nombrara un coordinador nacional de ciberseguridad, que podría ser la Secretaría de Gobernación.

Al dar a conocer la Evaluación de la ciberseguridad en México, brechas y recomendaciones en un mundo hiperconectado, los especialistas señalaron que entre las empresas y entidades gubernamentales ha crecido 71 por ciento la preocupación de ser víctima de un ataque; 40 por ciento han detenido sus procesos de innovación y 69 por ciento de 2 mil 500 organizaciones consultadas se resisten a digitalizarse.

Ricardo Zermeño expuso que las grandes empresas y entidades de gobierno se preocupan y ocupan de prever y mitigar riesgos, pero no así las empresas medianas y pequeñas.

Destacó que también es indispensable crear conciencia entre la población para que se protejan, porque gran parte de los daños van dirigidos al robo de datos, invasión de privacidad y explotación de menores en la red.

En esta iniciativa participaron también la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información, y la Asociación de Internet MX, quienes además de apremiar a crear la agencia nacional de ciberseguridad que coordine la estrategia y la ruta crítica de gobernanza en Internet; señalaron que se debe redefinir el marco jurídico para la ciberseguridad mediante la amornización de las legislaciones federales y estatales, garantizar la protección de datos personales y estimular la compartición de información.