Tras la realización de los procedimientos oficiosos ligados a la fiscalización del gasto de las campañas de las cuatro elecciones locales, el proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral confirma un incremento en el rebase de los topes de gastos de campaña del candidato de la alianza Por un Coahuila Seguro, el priísta Miguel Ángel Riquelme por un monto de 3 millones 154 mil pesos, lo que confirmaría el supuesto de la nulidad de la elección por superar 5 por ciento de rebase máximo permitido.

En el documento circulado a los consejeros que integran la comisión que incorpora la revisión del pago a representantes de casilla el día de la jornada electoral, también repercute en un aumento en el rebase de tope de gastos del candidato de Alianza Ciudadana por Coahuila, el panista Guillermo Anaya que ahora es de 2 millones 140 mil pesos. Esto significa que el excedente de topes de gastos de campaña en su caso paso de 4.56 en el dictamen aprobado por el consejo general a 11.1, en tanto que el del priísta lo hizo de 7.86 a 16.3 por ciento.

Sin embargo, dado que los dictámenes fueron circulados la madrugada de este miércoles a los consejeros, se determinó que será hasta hoy cuando se discuta en el seno de la Comisión de Fiscalización los proyectos relacionados, no sólo con la elección de Coahuila, sino también con la del estado de México, Nayarit y Veracruz. Tras su aprobación en comisiones se discutirían la próxima semana en consejo general para su aval definitivo.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización aprobó modificaciones a su reglamento mediante el cual se integrará la prohibición expresa del uso de tarjetas para ofrecer beneficios futuros en programas sociales a ciudadanos a cambio del voto. El consejero Enrique Andrade explicó que se pretende que para los comicios de 2018 este tipo de instrumentos ya no puedan ser utilizados como fórmula de captación del voto.

Asimismo, otro elemento que se anexó fue contabilizar como gastos de campaña cuando los partidos políticos den a conocer presuntas intenciones de voto en encuestas, porque ahora se les exigirá acreditar el gasto realizado para la realización de los sondeos que mencionan y se contará en los recursos de campaña erogados, dijo Andrade.