En la Secretaría de Salud (Ssa) la austeridad se centrará en 2018 en las áreas administrativas, principalmente en la Subsecretaría de Finanzas, a la que se asigna menos de la mitad de los recursos de que dispuso en 2017. Pasará de un ejercicio de 3 mil 360 millones a mil 513 millones de pesos.

También verán disminuidos sus recursos el programa de fortalecimiento de los servicios estatales de salud, de 3 mil 300 millones a mil 450 millones de pesos.

Los institutos nacionales de salud, hospitales federales y los programas de prevención y atención de enfermedades, donde los dos años pasados se hicieron ajustes severos, en esta ocasión tendrán aumentos marginales.

El total del gasto programable del ramo 12, correspondiente a la SSa, ascenderá a 121 mil 934 millones 826 mil 711 pesos para el próximo año. En 2017 contó con 121 mil 817 millones 532 mil.

Más de la mitad de este dinero se destinará al financiamiento de los servicios de salud para afiliados del Seguro Popular. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), órgano administrador de ese presupuesto, dispondrá de 68 mil 794 millones de pesos, contra los 68 mil 702 millones que tuvo este año.

Si bien todavía falta la discusión en la Cámara de Diputados, donde los legisladores pueden aprobar reasignaciones y ampliaciones presupuestales, en el PEF el Ejecutivo establece como objetivo dar continuidad y consoli-dar las acciones sanitarias, sobre todo las enfocadas a la prevención de enfermedades crónicas, así como garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos con calidad. A este rubro –de la calidad– el proyecto plantea destinar 86.6 millones de pesos. En 2017 fueron 83.8 millones de pesos.

La prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes pasará de 452.9 millones a 453.5 millones de pesos. El programa de vacunación, de mil 919 millones a mil 996 millones de pesos.

También insiste en avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud bajo la rectoría de la Ssa.

Destaca la mención al VIH/sida y la atención médica para 95 mil personas en 2018, que contrasta con los 96 mil pacientes inscritos hasta ahora en el Seguro Popular. Al no poder renovar su póliza, saldrán 7 mil derechohabientes de la seguridad social, según estima el CNPSS.