Madrid.

Juan Miguel Villar Mir, presidente y máximo accionista de la constructora española OHL, compareció ayer ante la Audiencia Nacional en la investigación sobre un grave caso de corrupción relacionado con el pago de una supuesta comisión ilegal de un millón 400 mil euros (30 millones de pesos) a un político madrileño a cambio de la concesión de una obra de un tren. El empresario español, con numerosos intereses en México, donde su empresa también ha sido investigada por tramas de corrupción, negó los hechos y solicitó que se archive su imputación.

El ex presidente y máximo accionista de OHL ha acudido este martes a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por el caso Lezo. Acompañado de su abogado, Juan Miguel Villar Mir llegó cerca de las nueve y media de la mañana y negó durante cerca de dos horas ante el magistrado Manuel García-Castellón cualquier nexo con la presunta comisión de 1.4 millones de euros entregada en 2007 por la constructora para lograr la adjudicación de las obras del fallido tren de Navalcarnero. Los investigadores creen que estaba destinada al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. 

El empresario español Villar Mir tiene numerosas inversiones en obra pública española, pero desde hace unos años se investigan en varios juzgados algunos de los contratos que ha conseguido de la administración pública, sobre todo con gobiernos del derechista Partido Popular (PP). De hecho, Villar Mir y OHL aparecen con nombre y apellidos y escrito de puño y letra por el ex gerente del PP durante dos décadas, Luis Bárcenas, como uno de los nombres y empresas que financiaban de forma ilegal a la formación política. Y siempre, presuntamente, a cambio de la concesión de contratos públicos por los que después obtenía pingües beneficios.

Villar Mir compareció hoy ante el juez García Castellón y lo hizo durante más de una hora, en la que respondió a todas las preguntas sobre el llamado caso Lezo, que investiga precisamente la trama con la que supuestamente se adjudicó la construcción del tramo del tren de Navalcarnero y por el que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González –hoy en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real– habría cobrado un millón 400 mil euros.

La declaración del empresario se hizo bajo secreto de sumario, pero se filtraron algunos detalles de la comparecencia, entre otras cosas que Villar Mir negó los hechos y que volvió a solicitar que se archivara su imputación. Esta investigación se suma a la de la llamada trama Púnica, que es precisamente la que investiga el financiamiento ilegal del PP madrileño y en el que se señala a Villar Mir y a su yerno, Javier López Madrid, de haber entregado a la formación política algo más de un millón 600 mil euros (35 millones de pesos), que se utilizaron para organizar actos electorales con los que ganaron durante varios años los comicios electorales de la región.

Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación consideran probado en la documentación aportada a la causa que la presunta comisión fue transferida desde una filial mexicana de OHL a la cuenta del empresario Adrián de la Joya, que presuntamente actuaba de intermediario con González. La constructora logró la adjudicación de parte del contrato del tren de cercanías que debía unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero un mes después del presunto pago.

Villar Mir asegura que aquel negocio fue un desastre para la empresa, que tuvo incluso que acudir a una ampliación de capital.