Integrantes de instituciones públicas, académicas y sociales exigieron al Congreso de la Unión la aprobación de la ley general de archivos, parte fundamental de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, aprobada en 2014.

Desde hace más de dos años los especialistas han advertido acerca de los riesgos vinculados a la ausencia de una ley general y han destacado los peligros de la iniciativa que está en el Senado, en especial porque amplía el poder de la Secretaría de Gobernación.

Si la ley se aprueba en los términos en que se presentó, es mejor que no se avale; queremos una legislación que sea congruente con los avances en materia de acceso a la información y combate a la corrupción, señaló Lourdes Morales, investigadora de El Colegio de México y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

¿Cuál es el problema de que sea la Secretaría de Gobernación (eje rector de las políticas públicas en materia de archivos)?

El acceso a la información y los lineamientos de la gestión documental se harían con criterios políticos. Imaginemos que los secretarios de gobierno estén decidiendo qué información se debe abrir y cuál no. Y no sólo hablamos de información histórica, que es muy importante, sino de aquella sobre violaciones a los derechos humanos, explicó la doctora en ciencia política.

El bloque de especialistas que exige la revisión de la iniciativa de ley forma parte de instancias como Artículo 19, CIDE, Comité Mexicano de Ciencias Históricas y la Red por la Rendición de Cuentas.

En conferencia de prensa, dijeron que hay siete puntos preocupantes en la iniciativa, y destaca la captura política del consejo nacional de archivos.

Este consejo estaría encabezado por la Secretaría de Gobernación, lo cual haría que el diseño de herramientas fundamentales para la política nacional archivística se realice bajo criterios políticos y no técnicos, advirtieron.

El riesgo es que la política pública de archivos no sea formulada a partir de las necesidades y del conocimiento técnico concreto, sino que esté supeditada al control político y a los intereses del gobierno en turno. Esto es simple y sencillamente inaceptable.

También consideraron un riesgo la falta de autonomía del Archivo General de la Nación (AGN) y las restricciones a los archivos históricos.

Susana Zavaleta, periodista e investigadora, quien en su momento reveló los cambios para el acceso de documentos en el AGN, antes de consulta directa, dijo que la ley general de archivos es el engranaje que falta en el proceso de construcción de vías de acceso a la información y rendición de cuentas. Nos falta esa pieza, destacó.

Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del AGN, alertó acerca de la precariedad de los archivos en el país, tanto los administrativos como los históricos.

Los recursos que se asignan a estas áreas, tanto humanos como materiales, son muy escasos.