En una sesión a la que 276 de los 500 legisladores registraron su asistencia, pero después abandonaron el salón, en la Cámara de Diputados se dio inicio a la revisión del quinto Informe de gobierno en materia de política interior, en la que prevaleció la crítica de la oposición por la inseguridad y los casos no resueltos de violaciones a los derechos humanos.

Desde mediodía, al comenzar la sesión, hasta las 14:30 horas, las posturas de los partidos se hicieron ante un salón de plenos vacío.

Mientras diputados del PRI pidieron no regatear los resultados de la acción gubernamental, los opositores plantearon que prevalece la impunidad en hechos de desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, como en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán.

En respuesta, la diputada Lorena Arroyo (PRI) sostuvo que el gobierno federal garantiza una justicia democrática y el respeto irrestricto a los derechos humanos, y ello ha reducido 30 por ciento las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las instituciones de seguridad entre 2012 y 2016. No podemos negar que hay avances.

La bancada de Morena centró su discurso en la elección de gobernador en el estado de México.

Sandra Falcón consideró que aún hay tiempo para anular esas votaciones, así como las de Coahuila, y sostuvo que las irregularidades en el proceso de junio pasado son una muestra de lo que se prepara para los comicios de 2018.

Insistió en que en los tres estados donde se eligió gobernador se pusieron en marcha prácticas contrarias a la Constitución y a la ley para favorecer al PRI y sus aliados, donde actuaron las maquinarias electorales.

Por el PAN, Patricia Sánchez Carrillo afirmó que la ciudadanía se siente defraudada por el incumplimiento del gobierno en su deber de garantizar condiciones para vivir en paz, combatir la corrupción y el respeto a los derechos humanos.

Al final, se avaló la solicitud de licencia de la diputada Marcela González Salas (PRI), quien, se informó, se incorporará al gobierno de Alfredo del Mazo en el estado de México, en el área social.