Morelia, Mich.

La impunidad persiste nueve años después de los ataques con granadas cometidos en la noche del grito de Independencia en esta capital. Los supuestos autores del atentado quedaron libres por falta de pruebas y familiares de los ocho muertos y más de 20 lesionados piden apoyo para solventar sus gastos médicos, mientras el gobierno estatal promete que sus pensiones serán vitalicias.

El 26 de septiembre de 2008, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Maricela Morales, informó que se detuvo a los supuestos responsables del acto terrorista, los presuntos integrantes del cártel de Los Zetas Julio César Mondragón, Juan Carlos Castro y Alfredo Rosas.

El 27 de mayo de 2015 fueron liberados porque el juez consideró que declararon bajo tortura y se constató la fabricación de pruebas. Años antes, sus familiares demostraron que fueron detenidos en distintos lugares y que no estuvieron en Morelia el día del atentado.

El ex gobernador Leonel Godoy Rangel declaró el miércoles que le pareció sospechosa la manera como fueron localizados y detenidos.

Los afectados por el atentado exigen al gobierno apoyo, porque sus pensiones son insuficientes para pagar tratamientos.

El pasado 9 de septiembre el gobierno de Michoacán envió al Congreso local una iniciativa para incrementar las pensiones que reciben 11 personas y que las restantes 44 no se reduzcan.

Salvador Díaz perdió a su esposa esa noche. Uno de sus tres hijos, de 23 años de edad, es atendido en el Hospital Militar de Irapuato, Guanajuato, donde lo operarán para extraerle esquirlas. Recibe una pensión gubernamental de 10 mil pesos al mes, pero debe pagar medicamentos y atención hospitalaria. Otros reciben 6 mil pesos mensuales, y algunos más 2 mil.

Guadalupe Hernández acotó que varias personas afectadas tienen pensión temporal y piden que sea definitiva; otras requieren becas para sus hijos. En general, exigen que se revise el decreto que se aprobó durante la gestión de Leonel Godoy (2008-2012), porque no se tomó en cuenta a personas que aparentemente no padecieron daños mayores; además, consideran que la atención médica que se les proporciona es deficiente.