Vecinos y familiares del joven Luis Alberto Cedro Alvarado, muerto el domingo pasado tras ser sometido por cinco policías municipales de Zimapán, Hidalgo, realizaron una marcha silenciosa en demanda de justicia.

Encabezados por la madre, hermanos y otros familiares de la víctima, el contingente, conformado por unas 70 personas, partió a las 9 horas del poblado Lázaro Cárdenas (Remedios), de donde era originario Cedro Alvarado.

Siete kilómetros después, cerca del hospital regional, se les unieron aproximadamente 400 personas. Al llegar al palacio municipal se plantaron en los portales de la alcaldía, donde colocaron veladoras y mostraron pancartas. Zimapán, pueblo mágico, se ha convertido en pueblo trágico, decía una.

Allí efectuaron un mitin y exigieron que el alcalde, el panista Érick Marte Villanueva, dé la cara y explique por qué está protegiendo a los cinco policías que mataron a Luis Alberto.

Armando Monter, del Movimiento Hidalguense Contra el Gasolinazo, encabezó la ocupación del inmueble. El secretario del ayuntamiento, Raúl Trejo Villeda, fue obligado a salir de su despacho y explicó ante los vecinos que los presuntos homicidas están consignados y se les retiró de sus cargos hasta que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo termine la investigación.

El ayuntamiento se comprometió en una minuta a indemnizar a la familia de Luis Alberto y a devolver el vehículo que la policía le confiscó.

Protesta en Chihuahua

En Ciudad Juárez, Chihuahua, familiares de personas torturadas marcharon para generar conciencia sobre esta práctica, que ha afectado a cientos de ciudadanos. Asimismo, condenaron la desaparición forzada de unas 2 mil personas en el estado.

Al término de la protesta, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lamentó la decisión que la semana pasada tomó la comisión de honor y justicia de la Fiscalía General del Estado, presidida por César Augusto Peniche Espejel, que reinstaló como agente del Ministerio Público a Miguel Ángel Luna López, quien el pasado 11 de mayo fue exhibido en un video en el cual se le observa obteniendo información de unas personas visiblemente torturadas.

La organización que preside el sacerdote Óscar Enríquez presentó a un hombre de apellido Valdez, detenido el 29 de enero de 2011, acusado de extorsión agravada y sometido a tortura en el gobierno anterior.