Río de Janeiro.

A eso de las cinco y media de la tarde de este jueves, y pese a ser invierno, la temperatura en Brasilia era de 28 grados, con el cielo nublado.

Nada, sin embargo, comparable a la temperatura de ebullición y a los nubarrones formados en el despacho del Palacio de Planalto, donde despacha Michel Temer, presidente desde el golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff hace poco más de un año.

Es que se confirmó, a aquella altura, que el procurador general, Rodrigo Janot, presentó formalmente al Supremo Tribunal Federal, una segunda denuncia contra Temer pidiendo que se le juzgue por obstrucción de la justicia y formación de organización criminal.

Pese a que era esperada, la denuncia sorprendió por la contundencia y la amplitud de crímenes atribuidos a Michel Temer y su grupo. De ese grupo, a propósito, además del presidente solamente dos siguen en libertad: el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, y el secretario general de la Presidencia, Wellington Moreira Franco. Los demás acusados –los ex ministros Geddel Vieira Lima y Henrique Eduardo Alves, y los ex diputados Eduardo Cunha y Ricardo Loures– están presos.

De acuerdo con los 245 folios de la denuncia, Temer trató de obstruir la justicia al autorizar al empresario Joesley Batista, dueño del grupo JBS, mayor exportador mundial de carnes, que siguiera pagando alrededor de 16 mil dólares mensuales (sin contar cuotas extras que llegaban a superar 60 mil) al ex presidente de la Cámara de Diputados y actual presidiario Eduardo Cunha, así como al traficante de dólares Lucio Funaro, para asegurar su silencio.

Cunha ha sido pieza clave en dos iniciativas: como presidente de la Cámara Baja propició la destitución de Dilma Rousseff y la consecuente ascensión de Temer, y como operador político del grupo controlado por el actual presidente, sabía de todos los negocios realizados.

Funaro era el principal operador financiero, encargado de transferir dinero y del lavado de divisas. Mantenerlos callados era esencial para Temer y su grupo. En su acuerdo de delación premiada, es decir, contar lo que se sabe a cambio de reducción de sentencia, Funaro reveló detalles de un sinfín de operaciones financieras claramente irregulares. Contó, por ejemplo, cómo cierta vez fue encargado de buscar en la oficina de un íntimo amigo y colaborador de Temer un millón de reales (unos 330 mil dólares) en efectivo y entregar el dinero a Geddel Vieira. Ese millón integraría la montaña de efectivo –unos 16 millones 500 mil dólares– encontrada en un departamento ocupado por el ex ministro en Salvador de Bahía.

La segunda parte de la denuncia –formación y comando de organización criminal– traza un espeluznante suceso histórico de la actuación del grupo, que se remonta a 2006, en la primera presidencia de Lula da Silva, cuando su partido, el PMDB, decidió integrar la alianza parlamentaria del gobierno.

La denuncia relata cómo se negoció, a cambio de apoyo en el Congreso, un amplio reparto de cargos y puestos cuyo objetivo principal era recaudar recursos de manera ilegal. Para ello, procedían a presionar a empresas e instituciones cuyos intereses estaban ligados a cuestiones que tenían que pasar por la aprobación del Congreso. En total, fueron recaudados al menos 587 millones de reales (algo así como 190 millones de dólares).

El mecanismo de corrupción, indemne al sistema político brasileño, se da de la siguiente manera: con la proliferación de partidos en el Congreso (actualmente hay 29), ningún presidente logra elegirse con mayoría, por lo que las alianzas son inevitables. Y a la hora de armarlas, cada partido pone su precio, o sea, su cuota de cargos y puestos.

Temer encabezó el grupo del PMDB que mejor supo hacer tal negociación. Con la destitución de Dilma Rousseff, el grupo pasó a disponer del control total. De ahí, lograr semejante montaña de dinero fue un simple paseo.

En Brasil, para que un presidente sea juzgado por la Corte Suprema es necesario probar que cometió crímenes en el ejercicio de su mandato. Y el procurador Rodrigo Janot presentó un arsenal de pruebas.

Le toca ahora al Supremo Tribunal Federal aceptar o no la denuncia presentada. En caso afirmativo, será enviada a la Cámara de Diputados, que deberá aprobarla con un mínimo de dos tercios de votos, para luego pasarla al Senado.

En agosto pasado, cuando la primera denuncia de Janot contra Temer llegó a la Cámara de Diputados, hubo maniobras escandalosas del grupo encabezado por el presidente con el objetivo –logrado, por cierto– de impedir que se aprobara la apertura de una investigación por la Corte Suprema. Y es que abierto el juicio, Temer sería apartado del sillón presidencial por un periodo hasta de 180 días.

Esas maniobras consistieron en una generosa distribución de recursos a las enmiendas parlamentarias, además del perdón fiscal a deudores del Estado. Sumadas esas bondades alcanzaron la marca de 14 mil millones de reales, unos 4 mil 500 millones de dólares.

Ocurre que el dinero prometido llegó solamente en parte. Varios de los diputados protestaron con vehemencia contra lo que dicen es un cheque sin fondos emitido por el gobierno.

La base de apoyo que Temer y su grupo compraron en la Cámara de Diputados está frágil y, frente a la contundencia de esa segunda denuncia, más ávida. Y, para completar, las arcas del gobierno están en colapso.

Comprar apoyo en esta hora crucial se hará más difícil. Pero tratándose de semejante grupo, nada parece imposible.