El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó varias denuncias presentadas contra el priísta Alfredo del Mazo, entre ellas el reparto de la tarjeta Salario Rosa o el desvío de recursos de programas sociales del gobierno federal a su campaña, y validó su elección como gobernador del estado de México, faltando unas horas para que asuma el cargo.

Los magistrados de la sala superior concluyeron por unanimidad que los cómputos finales, tras el recuento de 556 casillas, fueron los siguientes: PRI-PVEM-Nueva Alianza-Encuentro Social: 2 millones 41 mil 982 votos; Morena, un millón 871 mil 361; PRD, un millón 84 mil 574; PAN, 682 mil 480; PT, 65 mil 467, y candidata independiente, 130 mil 145.

No debatieron su determinación en la sesión de ayer. Sólo la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, advirtió que declarar la nulidad de la elección requiere que esté plenamente acreditada la existencia de violaciones sustanciales o irregularidades graves, que lleven al juez al pleno convencimiento de que es la única manera de reponer la democracia. Además, advirtió que ese camino conlleva costos económicos y desgaste de la ciudadanía.

De manera que declararon infundados diversos agravios, presentados en su mayoría por Morena y PT, porque ya habían sido analizados previamente por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y la propia sala superior.

Aunque funcionarios de los gobiernos federal y del Edomex entregaron millonarios beneficios de programas sociales en actos masivos, los magistrados rechazaron que se hiciera uso indebido de los mismos y justificaron la entrega de dinero, por medio de la tarjeta Banorte, a beneficiarias del programa Mujeres que logran en grande.

Validaron el reparto para el llamado Salario Rosa, porque según ellos no existió coacción al electorado y sólo constituyó propaganda comicial, tarjetas cuya distribución el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió recientemente.

Si bien reconocieron que 9 mil personas eran beneficiarias de un programa social y también representantes partidistas, consideraron que no se puede concluir que el beneficio fuera exclusivo para quienes fueron enviados por el PRI.

Reiteraron que no hubo violencia política de género contra Delfina Gómez Álvarez, ex candidata de Morena a la gubernatura del estado, quien fue atacada por los dirigentes de PRI y PAN, así como por el ex presidente Felipe Calderón. También calificaron de afirmaciones subjetivas los señalamientos de que diversos órganos electorales actuaron de manera irregular.

Previamente resolvieron varios aspectos de fiscalización y dieron la razón al INE en cuanto a que no es competente para investigar las denuncias relacionadas con supuestos actos de corrupción y transferencia de recursos de la empresa OHL al erario federal y al del Edomex, por mil 600 millones de pesos.

Según los integrantes de la sala superior, no se advierte de qué forma las supuestas irregularidades guardan relación con la materia electoral, la campaña o el partido político. Además, quedó acreditado el origen y destino lícito de los recursos objeto de denuncia, sin que la autoridad comicial tenga competencia para determinar el destino de los fondos correspondientes a la cuenta pública del Estado de México.

Delfina Gómez no hizo actos anticipados de campaña

Los magistrados concedieron muy poco a Morena. Lo más relevante es que revocaron otra determinación del TEEM, que sancionó a Gómez Álvarez por haber realizado supuestos actos anticipados de campaña el 10 de junio de 2016, cuando fue nombrada promotora de la soberanía nacional, y también instruyeron al INE para que considere unas facturas que no consideró en la revisión de las cuentas del partido.