Los gastos efectuados en Facebook por partidos políticos y candidatos en el estado de México y Nayarit no serán considerados en los procesos de fiscalización, lo que allana el camino para que el triunfo del priísta Miguel Ángel Riquelme en Coahuila no se anule si se disminuye el monto por el que rebasó el tope de erogaciones de campaña.

Seis magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomaron esta determinación, con lo que dieron un duro revés al criterio promovido desde el Instituto Nacional Electoral (INE) por el consejero Ciro Murayama, que se tradujo en sanciones para todos los candidatos, pero que tuvieron mayor efecto en Riquelme, quien apareció con un gasto en Facebook, por 993 mil pesos, que no reportó.

Al restarse esta cantidad a las cuentas del abanderado de la coalición Por un Coahuila Seguro, deberá verse si no supera con más de 5 por ciento el límite de gastos y logra sostener su endeble triunfo. Pero hay un elemento más: al INE aún le falta resolver cuánto gastaron los institutos políticos en pagar a sus representantes de casilla, tema que sigue pendiente de resolución en todos los estados donde hubo elección, y que fue motivo de una reunión ayer en el instituto.

En la sesión efectuada ayer en el TEPJF, el magistrado ponente Felipe Fuentes Barrera argumentó que los números dados por la empresa Facebook no dan certeza sobre si esos pagos se hicieron en precampaña o campaña.

Esto, porque el periodo del que se informa abarca de diciembre de 2016 a junio de 2017, lo que indica que “el INE nunca verificó si la totalidad del monto reportado corresponde a una erogación realizada exclusivamente para el periodo de campaña, al ser la etapa que fiscalizaba.

Por tanto, se revocó de manera lisa y llana la cuantificación de esos gastos tanto en el Edomex como en Nayarit, razón por la cual deberán restarse de la revisión de las cuentas partidistas y de los abanderados. La mayoría de los magistrados criticaron al INE por la forma en que cuantificó estas erogaciones en redes sociales.

José Luis Vargas fue el más vehemente al señalar que los institutos políticos y candidatos contrataron la propaganda en redes sociales por medio de empresas intermediarias que, en el caso de Alfredo del Mazo, fue Atelier Espora SA de CV, pero nunca fueron requeridas.

La presidenta del TEPJ, Janine Otálora, rechazó que se busque debilitar el sistema de fiscalización; explicó que en lugar de ello se busca optimizarlo para mejorar la rendición de cuentas de partidos y candidatos.