Mexicali, BC.

Opositores a la aprobación de más deuda pública en Baja California tomaron las instalacio- nes del Congreso local la madrugada de este sábado, para demandar la abrogación de la Ley de Asociaciones Públicas Privadas (APP) del Estado y la cancelación de tres contratos para proyectos de infraestructura hídrica.

Los manifestantes advirtieron que se mantendrán en el recinto para obstruir los trabajos legislativos, incluida la entrega del cuarto Informe de gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid a realizarse este domingo.

Las protestas se iniciaron la mañana del viernes al darse a conocer que se discutirían y aprobarían los dictámenes 94 y 95, correspondientes, el primero, a un contrato de instrumentacion tecnológica y de telecomunicaciones en el centro de control, comando, comunicación, cómputo, calidad e inteligencia (C5i).

A mediados de junio La Jornada informó que mediante la figura de APP, el gobierno del estado se comprometió a entregar a la empresa Seguritech Privada 4 mil 664 millones de pesos para convertir el C-4 en C5i.

El punto más polémico, sin embargo, ha sido el dictamen 95, por el cual pretende contraer una deuda millonaria con al menos tres contratos de APP. Los proyectos son la construcción de dos plantas desalinizadoras –una en Rosarito y otra en Ensenada– y un drenaje pluvial para Mexicali. Los costos de las dos desaladoras serían de al menos 9 mil millones y 600 millones de pesos, respectivamente.

El viernes, ante las protestas de las organizaciones sociales y la falta de consenso entre los ocho grupos parlamentarios obligaron al presidente de la mesa directiva del Congreso, el priísta Benjamín Gómez, a firmar un acuerdo con representantes de Mexicali Resiste para excluir estos dictámenes de la orden del día.

En diciembre de 2016, los grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD y MC lograron la aprobación del decreto 57 que contiene estos dictámenes con 19 votos en favor, pues se requiere de mayoría calificada del Poder Legislativo. Las modificaciones a la ley federal de APP y a la ley de disciplina financiera propició modificaciones a este decreto que deberá votarse de nuevo y obtener al menos 17 votos de los 25 legisladores.

Existe disenso incluso entre el grupo parlamentario de Acción Nacional, que propuso la aprobación de los proyectos promovidos por el gobernador Francisco Vega.

Al menos dos diputados panistas han expresado rechazo a la aprobación de estos dictámenes, también se manifestaron en contra Luis Moreno, de Encuentro Social; Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California; Bernardo Padilla, del PRI, y los dos de Morena. La definición para la mayoría calificada se centra en la decisión de diputados priístas y petistas.

El gobernador Vega de Lamadrid expresó en Tijuana que los manifestantes de Mexicali están en contra de todo, sin proponer algo para resolver los problemas de agua y seguridad pública. El mandatario estatal reiteró la importancia de instalar el C5i y se pronunció porque la pasión partidista no se anteponga a la responsabilidad de resolver el problema más grave que vive Baja California: la inseguridad.

Dijo que el proyecto, de acuerdo con las bases de licitación pública, cumplió los requisitos de la convocatoria para instalar 400 cámaras, una red de fibra óptica de 75 kilómetros, botones de pánico y 33 arcos lectores de placas vehiculares e identificadores de ocupantes de un automóvil.

Mexicali Resiste y Baja California Resiste advirtieron que bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados hasta que les garanticen que se eliminarán estos dictámenes, pues representan endeudamiento del erario, y deroguen esta ley aprobada en 2015.

Los legisladores mantienen un receso hasta que se les entregue el inmueble. Consideran que hay condiciones para concluir la sesión, que incluyó un centenar de dictámenes de comisiones legislativas.