La madrugada del 7 de febrero de 2014 elementos de la Policía Federal irrumpieron en el hogar de Taylín Clotet Wang, en la Ciudad de México, sin una orden de cateo.

Los uniformados la detuvieron ilegalmente y la condujeron a instalaciones policiacas donde fue torturada sexualmente por nueve horas. El propósito era que aceptara pertenecer en una banda de secuestradores y señalara a otras personas. Taylín resistió; sin embargo, a causa de la agresión, sufrió un aborto en instalaciones de la Procuraduría General de la República, sin que se le proporcionara atención médica especializada.

Aunque los agentes no lograron su cometido, el 22 de febrero se le dictó auto de formal prisión y desde entonces está en la cárcel injustamente, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que lleva su defensa, y Amnistía Internacional (AI).

Desde prisión, la mujer llamó al quinto tribunal colegiado de la Ciudad de México a resolver el amparo que su defensa tramitó. Este recurso será revisado este jueves y en caso de ser favorable Taylín sería liberada. Al respecto, el Centro Prodh y AI demandaron que su caso sea examinado conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Son tres años y siete meses de mi vida en una prisión sin merecerlo. Espero que el colegiado valore todo lo que se está ofreciendo como prueba y pronto me den mi libertad. Sé que la merezco, pidió la mujer en un mensaje en video difundido ayer.

Agradeció a su familia y amigos que la han apoyado, a las organizaciones que han estado al tanto de su caso y a las mujeres violentadas sexualmente por agentes del Estado que participan en la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, a la que Taylín pertenece desde 2017.

Se prevé que hoy el tribunal colegiado analice el amparo promovido desde el año pasado. Los abogados de la ong han documentado que el auto de formal prisión contra Clotet Wang se sostiene en pruebas ilícitas, por lo que ha demandado que el magistrado las excluya con base en lo que establece la legislación nacional y los tratados internacionales que México ha ratificado.

Su caso está documentado por AI en el informe Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México.