La población mundial envejece a pasos acelerados. Uno de cada cinco habitantes en el planeta sería mayor de 60 años en el año 2015. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los países de la Organización de Estados Americanos a reafirmar su compromiso para luchar contra estereotipos y conductas discriminatorias hacia ese sector en razón de su edad.

Esta instancia enfatizó la necesidad de que los Estados establezcan políticas y protocolos que promuevan los derechos de las personas mayores dentro de los sectores público y privado para garantizar, entre otras, su incoporación laboral, estabilidad financiera, y acceso a los servicios de salud, seguridad social y pensiones.

Cifras de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud estiman que para 2050, 22 por ciento de la población global, 2 mil millones de personas, tendrán 60 años o más, el doble en términos porcentuales al 11 por ciento que había en el año 2000 (605 millones de ancianos).

En América Latina y el Caribe esta población está compuesta actualmente por 76 millones de habitantes. En 2037 serán 147 millones y 264 millones para 2075. En México, tres de cada 10 personas pertenecerán a este sector en 2050 y en Estados Unidos y Canadá habrá unos 115 millones de adultos mayores en 2060.

La CIDH observa con suma preocupación que a diario las personas mayores enfrentan diversas formas de discriminación. Suelen ser excluidas del mercado de trabajo, enfrentan múltiples obstáculos en el acceso a servicios públicos y privados, son presentados en medios de comunicación mediante estereotipos, son víctimas de diversas formas específicas de violencia, lo cual contribuye a su situación de vulnerabilidad, exclusión e invisibilización en la sociedad.

En un pronunciamiento tras la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, el pasado 1 de octubre, este organismo convocó a las naciones que aún no lo hacen, entre ellas México, a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y a reformar sus políticas públicas y leyes internas para protegerlas.