Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) elaboraron un proyecto de dictamen de desafuero contra el diputado priísta Tarek Abdalá –ex secretario de Finanzas de Javier Duarte; se le imputa un desvío de 2 mil millones de pesos del erario–, a fin de documentar la existencia de elementos de prueba y responsabilidad en el delito de manejo de recursos de procedencia ilícita. Apenas el jueves, el Revolucionario Institucional (PRI) desestimó las pruebas de la fiscalía de Veracruz y congeló el caso en San Lázaro.

El perredista Omar Ortega, integrante de la sección instructora, expuso que en próximos días enviarán a la presidencia de ese órgano un nuevo proyecto, distinto al elaborado por el priísta Ricardo Ramírez Nieto, quien encabeza ese grupo de trabajo.

Ortega, sin mencionar el nombre del presidente de la instructora, acusó: Tras casi ocho meses de incumplir la normatividad, algunos integrantes de este órgano legislativo parecen buscar lagunas jurídicas que les permitan proteger a presuntos delincuentes, por lo que presentaremos otro proyecto de dictamen al que pretenden imponer sus correligionarios del PRI en el caso de Tarek Abdalá.

Y es que la solicitud de declaración de procedencia o desafuero fue presentada el 25 de enero de este año por el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, para proceder penalmente contra Abdalá por abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, tráfico de influencias y peculado. Días después, el 2 de febrero, la sección instructora admitió la solicitud.

Para el representante perredista, los protectores del inculpado en la sección instructora insisten en que es improcedente la solicitud, con el ambiguo argumento de que la fiscalía general aún investiga.