Hace exactamente un año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó al gobierno de Nuevo León sobre la crisis en los penales de Cadereyta, Apodaca y Topo Chico.

Detectó riesgos de tortura y maltrato contra los internos, al igual que sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, carencia de alimentos e higiene, deficiencias en las instalaciones y condiciones indignas, sobre en particular para las mujeres recluidas, lo cual podía generar violencia.

Tras los hechos en Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cadereyta, donde ocurrió un motínn en el que murieron 17 internos y resultaron 37 lesionados, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez reiteró su llamado a enfrentar la crisis en los penales de la entidad, donde la violencia ha dejado en años recientes un saldo de 116 reclusos muertos y 186 lesionados.

Este organismo nacional expresa su preocupación ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades para atender el problema que se ha denunciado en los centros de reclusión del estado y que se ve reflejada de manera recurrente en hechos violentos como los que nuevamente se presentan en Cadereyta.

Datos de la CNDH refieren que en ese mismo penal perecieron cuatro personas en marzo y 21 resultaron lesionadas.

En el de Apodaca 43 reclusos murieron y 73 fueron heridos; en tanto, en dos incidentes ocurridos en cuatro meses en Topo Chico, 52 personas perecieron y hubo 55 lesionadas.

El 12 de octubre de 2016, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la CNDH, emitió una recomendación al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en la que advertía acerca de violaciones a los derechos humanos en esas cárceles, lo que constituye un factor de riesgo que genera situaciones como las que actualmente se viven en Cadereyta.

En los tres centros de reclusión persisten la sobrepoblación y el hacinamiento, lo que agudiza conflictos interpersonales que pueden derivar en riñas y otros eventos violentos, asentaba la recomendación.

El autogobierno, recordaba, favorece toda clase de abusos de los grupos de poder que ejercen el control de los establecimientos, lo que genera un ambiente de violencia, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas y cobro por privilegios y tratos especiales.