Nueve de cada 10 mexicanos están preocupados por la pobreza en el país y uno de cada dos considera que los programas sociales sirven para conseguir votos y apoyo político a los gobernantes, lo cual confirma la urgencia de cambiar el modelo de desarrollo económico y social, reveló la Encuesta Nacional de Percepción sobre Ejercicio de Derechos, la víspera del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora hoy.

El sondeo, presentado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señala que siete de cada 10 personas estiman que no está garantizado el acceso a los servicios de salud, y este alto nivel de respuesta negativa comprueba que en México el acceso a los mismos aún no es efectivo, a pesar de que el número de derechohabientes ha aumentado en los registros.

También refiere que 66.8 por ciento de los mexicanos consideran que el problema de la pobreza es muy grave, 27.9 aseguran que es grave y 66 por ciento tienen una percepción pesimista.

En relación con la meta propuesta por la ONU para México como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, de acabar con la pobreza en ese año, 41 por ciento afirma que es poco factible, mientras 24.4 por ciento señala que no es factible alcanzar ese propósito.

Esta encuesta nacional es la primera que se realiza para determinar el ejercicio de derechos, que comprenden la percepción ciudadana sobre pobreza, desigualdad, economía incluyente, salario mínimo y respeto a los derechos.

Acción Ciudadana, integrada por alrededor de 60 organizaciones sociales, consideró que la percepción es importante, porque confirma que el ejercicio de derechos se acota con la pobreza y la desigualdad, que reducen las oportunidades para que quienes la padecen salgan de esa condición.

El sondeo fue levantado por la empresa Data Opinión Pública y Mercados en una muestra representativa de adultos de todo el país. Se aplicaron a domicilio mil 200 encuestas personales en localidades de las 32 entidades del país.

A partir de estos resultados, la agrupación presentó como propuestas desaparecer instituciones y normas legales que generan pobreza, como las políticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; transformar la actual dispersión de miniprogramas sociales para integrar un solo fondo de becas y uno de pensiones y una red integrada de salud para integrar un Sistema Nacional de Protección Social, con un ingreso mínimo garantizado y acceso universal a servicios de salud.

Plantearon también crear el Registro Nacional Ciudadano con enfoque de derechos, que se convierta en la puerta única de acceso a los programas sociales –es decir, un padrón único–, y una contraloría social ciudadanizada vinculada al Sistema Nacional Anticorrupción.