Madrid.

El presidente del gobierno español, el derechista Mariano Rajoy, advirtió que a partir de este sábado se recuperará la legalidad y se volverá a la normalidad institucional, después de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución española, lo cual supondrá la suspensión de la autonomía de Cataluña.

El mandatario español afronta la fase decisiva de su ofensiva contra el independentismo catalán con dos importantes apoyos: al interior de España, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Ciudadanos, y al exterior, con el de la mayoría de los países e instituciones de la Unión Europea (UE).

Además, el rey Felipe VI señaló en un discurso que España hace frente a un inaceptable proceso de secesión que se resolverá con la aplicación de la ley.

Rajoy, quien ayer participó en una importante reunión del Consejo Europeo en Bruselas, presidirá hoy un Consejo de Ministros que será histórico, porque por primera vez desde la restauración de la democracia en España se aplicará un artículo tan controvertido como duro.

El artículo 155 de la Constitución es, como dicen juristas, un papel en blanco a desarrollar, pero que permitiría desde la suspensión total de las competencias del gobierno catalán hasta la destitución fulminante de todos los representantes públicos.

El mandatario español anunció un acuerdo que explicará hoy, después del Consejo de Ministros, con el PSOE y Ciudadanos para hacer frente al desafío planteado desde la Generalitat de Cataluña, presidida por el nacionalista Carles Puigdemont, quien mantiene su voluntad de declarar la independencia unilateral en una sesión parlamentaria, que podría celebrarse el próximo lunes.

Según el escenario que prevé el gobierno español, este sábado se activará el artículo y se enviará la propuesta al Senado –es la Cámara territorial–, que la aprobará en un pleno el próximo viernes 27 con el apoyo del Partido Popular (PP), el PSOE y Ciudadanos, que poseen más de 80 por ciento de los escaños.

Rajoy advirtió que en este momento Cataluña vive una situación anómala, en la que está cerrado el Parlamento, los diputados de la oposición no pueden intervenir porque hace un mes y medio que no hay sesiones de control.

A su juicio, aplicar el artículo 155, instrumento recogido en la Constitución, no presupone usar la fuerza. Hemos sido muy prudentes, hemos intentado por todos los medios no llegar a una situación difícil. Simplemente se les pidió que dijeran que no habían declarado la independencia. Pero no sólo no lo han hecho, sino han adoptado un sinfín de decisiones en contra de la Constitución y del Estatuto.

En el PSOE y Ciudadanos se adelantó que el pacto al que llegaron con el gobierno español en la suspensión de la autonomía catalana se establece una hoja de ruta, en la que se convocará a elecciones anticipadas, las cuales se llevarán a cabo previsiblemente en enero próximo, decisión que no fue confirmada por las autoridades españoles, las cuales se limitaron a informar que en la rueda de prensa de hoy se presentarán los detalles sobre el procedimiento para su aplicación.

En el contexto de la entrega de los premios Princesa de Asturias, el rey Felipe VI señaló en su discurso que España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional, pero lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria, en la que vivimos desde hace ya 39 años.

Añadió: “Ningún proyecto de futuro se puede construir basándose en romper la convivencia democrática; ningún proyecto de progreso y libertad se sustenta en la desafección ni en la división –siempre dolorosa y desgarradora– de la sociedad, de las familias y de los amigos; y ningún proyecto puede conducir al aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo”.

El gobierno español recibió de nuevo el apoyo de las instituciones europeas en la entrega de los premios en Oviedo, que en la edición de este año reconocieron el proyecto de la UE con el más importante de los galardones: el de la Concordia.

Ahí, el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, hizo un alegato del respeto a la ley y atacó con dureza los nacionalismos y populismos, a los que les espetó que en lugar de gastar tantos recursos en separarnos mejorarían si trabajaran en la concordia.

Añadió: Los tratados de la UE y la Constitución forman un solo cuerpo democrático que todos tenemos el deber de respetar. La prosperidad de todos beneficia también a los que más aportan. Hay que recordarlo cuando los nacionalismos egoístas salen a flote. Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, sino una obligación.

Nuevas medidas judiciales

Mientras tanto, en el terreno judicial hubo acciones que estrecharon más el cerco al movimiento independentista, que desde el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, mantiene las movilizaciones para la liberación de los que consideran presos políticos.

La Audiencia Nacional, donde se instruye el proceso por el supuesto delito de sedición contra los encarcelados y contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Luís Trapero, ordenó analizar e investigar las llamadas telefónicas de los imputados de los pasados dos meses.

Además, el juzgado número 13 de Barcelona tomó declaración a algunos de los directores de medios de comunicación más importantes de Cataluña para investigar el procedimiento y las personas con que habrían acordado la publicidad que se hizo en esos medios al referendo del pasado primero de octubre, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Entre las personas citadas a declarar se encontraba el director de La Vanguardia, Màrius Carol; la presidente de Tv3 y Catalunya Ràdio, Núria Llorach, además de Xevi Xirgo, director de El Punt Avui, y Joan Puig, de La Directa.

Se informó que la salida de empresas de Cataluña, ante la incertidumbre jurídica que representa el proceso de secesión unilateral, ya suma mil 300 compañías, entre grandes, medianas y pequeñas, que han cambiado su sede social, según confirmó el Colegio de Registradores de España. A ello, el movimiento independentista respondió con una campaña de boicot a los dos principales bancos catalanes, CaixaBank y Banco Sabadell, con un llamado a sus simpatizantes a sacar el dinero de sus cuentas para mostrar su rechazo a su decisión de abandonar Cataluña.