Integrantes de la comunidad indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, estado de México, denunciaron actos de corrupción de las instituciones encargadas de la construcción del tren México-Toluca, la cual afecta 32 hectáreas de la comunidad.

En conferencia de prensa indicaron que dicha obra sigue en construcción a pesar de que las instituciones federales y estatales no tienen los permisos necesarios para llevarla a cabo.

Francisco Montes, representantes de la localidad, comentó que la vida de los comuneros en la zona ha sido afectada por la instalación de la vía. Añadió que el lugar (una extensión reconocida de mil 735 hectáreas) vive del turismo que se genera en La Marquesa, donde se han instalado restaurantes y se ofrecen diversas actividades, que se han visto impactados por las obras.

Julio Mendoza, secretario de asuntos jurídicos de la Central Campesina Cardenista (CCC), comentó que el proceso para el proyecto ha tenido diversas irregularidades, entre las que destacan el pago personalizado a un comisariado ejidal no reconocido por la comunidad, con la finalidad de obtener un permiso no válido para la construcción de la obra; en dicha irregularidad participaron trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de México.

Gustavo Olivares Nateras, abogado de la comunidad, comentó que en febrero de 2015 el núcleo indígena Santa María la Asunción Tepexoyuca y San Jerónimo Acapulco, también perteneciente a Ocoyoacac, presentaron una demanda constitucional para frenar la construcción ilegal del tren, el cual aún al día de hoy no tiene los permisos que debe otorgar y pagar a la comunidad para continuar la obra. El recurso está en el juzgado segundo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México, con el número 132/2015.

Mendoza denunció que la imposibilidad jurídica, tanto de la SCT como de la Procuraduría Agraria en Toluca, de expedir cheques a personas físicas y reconocer autoridades a modo para poder llevar a cabo la construcción de la obra, denotan una estrategia de despojo y afectación a la comunidad.

Olivares Nateras informó que los efectos de la última ejecutoria eran para que las autoridades de la SCT y la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal detuvieran la construcción del tren el martes 24 de octubre, acto que hasta la fecha no ha sido cumplido.

Montes expuso que seguirán el proceso legal para detener la construcción y las afectaciones en la zona.