Madrid.

La justicia española estrechó el cerco contra los líderes independentistas catalanes. De forma simultánea la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo admitieron a trámite las querellas interpuestas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y citaron a declarar a los acusados los próximos jueves y viernes. El que no acuda será puesto en búsqueda y captura. En tanto, el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, anunció desde Bélgica que no piensa regresar al país hasta que no tenga garantías de un juicio justo.

En la Audiencia Nacional serán procesados, tras la admisión a trámite, el pleno del gobierno catalán, encabezado por Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente, respectivaente, que son, a su vez, los máximos dirigentes de las dos formaciones políticas hegemónicas en el nacionalismo catalán: Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT, conservadores) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en ese orden.

En el Tribunal Supremo serán procesados los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que permitieron que se votara la declaración de independencia. Ellos serán juzgados en esta instancia debido a que todavía tienen fuero por pertenecer a la Diputación Permanente.

Todos ellos serán acusados de al menos cuatro delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho. Son delitos de extrema gravedad, lo que hace pensar que tras la primera declaración ante los jueces competentes se adoptarán medidas cautelares, que podrían ir desde la prisión sin derecho a fianza –como se hizo con los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cruixart– y por los que podrían ser condenados a más de 30 años de prisión. Además, el fiscal propuso que en caso de que se fije una fianza, ésta sea de más de 6 millones de euros.

En la Audiencia Nacional el caso recayó en la juez Carmen Lamela, la misma que envió a prisión a los Jordis, mientras en el Tribunal Supremo será la sala segunda donde se juzgue a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a cinco diputados más. Ambos tribunales citaron a los 20 imputados –14 miembros del gobierno y seis parlamentarios– a comparecer entre el jueves y el viernes en Madrid.

En caso de que no comparezcan se declararían en desacato a la justicia y se dictarían en su contra órdenes de búsqueda y captura que podrían ser de carácter internacional si Puigdemont y los consejeros con los que se encuentra en Bélgica permanecen ahí. Al menos dos ya regresaron a Barcelona, se trata de Dolors Bassa y Joaquim Forn.

De hecho, tras su viaje semiclandestino a Bruselas, Puigdemont compareció ante los medios de comunicación para explicar su estrategia e insistir en que se considera el presidente legítimo de los catalanes y que seguirá trabajando por la nueva república, que en teoría fue declarada por el Parlamento catalán el pasado viernes, pero que de inmediato quedó suspendida, al igual que todo su gobierno, tras la aprobación en el Senado español de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont y sus colaboradores salieron de Cataluña la madrugada del pasado sábado, cuando decidieron emprender el viaje en coche hasta Marsella –algo más de 500 kilómetros desde Girona–, para de ahí tomar un vuelo regular a Bruselas.

Durante su comparecencia ante los medios, Puigdemont respaldó a su partido y al resto de formaciones independentistas que anunciaron su participación en las elecciones convocadas por el gobierno español, a pesar de que las habían tildado de ilegítimas y antidemocráticas. Puigdemont aseguró que a lo mejor “es el precio que hay pagar para la llegada de la república, que se ralentiza.

Respetaremos el resultado de las elecciones del 21 de diciembre como lo hemos hecho siempre. ¿Hará el Estado español lo mismo? Quiero un compromiso claro. Es imprescindible saberlo, porque si no, habrá dos tipos de votantes en Cataluña, los de primera y segunda clase, advirtió Puigdemont.

El destituido presidente se encuentra en Bélgica con sus colaboradores Meritxell Borràs, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Gordi y Clara Ponsatí. Advirtió que no volverán hasta que tengamos las garantías suficientes de un juicio justo y de que nuestra presencia no va a desatar la violencia represiva del gobierno.

Puigdemont ofreció la rueda de prensa antes de que fuera citado a declarar. En cualquier caso no se descarta que se haya trasladado ayer por la noche al aeropuerto de Bruselas, pero hasta la fecha se desconoce el destino.

En el bloque independentista, integrado por PDCAT, ERC y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) empezaron a aflorar las tensiones, incluso las grietas. La principal ruptura se dio entre Puigdemont y el cesado vicepresidente Junqueras, pues ya ni siquiera se dirigen la palabra.

El PDCAT y ERC anunciaron que lo más probable es que no repetirán la coalición electoral que formaron para los anteriores comicios, que llamaron Junts pel Sí.

También hubo fuertes críticas desde la CUP, formación anticapitalista y feminista, que acusó al gobierno catalán de no haber previsto ni organizado bien el día después de la declaración de independencia, al considerar que no había una hoja de ruta clara ni las estructuras administrativas necesarias para hacer realidad esa proclama.

Desde el pasado 27 de octubre hasta hoy se demuestra que no se ha hecho el trabajo para la creación y consolidación de las estructuras de la nueva república, acusaron en un comunicado.

Según el más reciente sondeo publicado por el órgano de estadísticas del gobierno catalán, si se votara hoy en unas elecciones autonómicas el bloque independentista volvería a ganar en número de escaños, al obtener entre las tres formaciones de 68 a 72. Sin embargo, en número de votos ganarían ligeramente los partidos no nacionalistas o unionistas, con lo que la distribución de escaños y votos sería casi idéntica a la actual, en la que hay un empate técnico entre los independentistas y los unionistas.

En tanto, la empresa vitivinícola Freixenet, una de las compañías del sector con más arraigo en Cataluña, anunció que después de la aplicación del artículo 155 y la certidumbre jurídica y empresarial generada por ello, su Consejo de Administración decidió mantener su sede social en Cataluña. De hecho, según han informado los asociaciones de registradores, desde la suspensión del anterior gobierno ha disminuido la fuga de empresas de la región, si bien ya suman mil 883 desde el primero de octubre, cuando se celebró el referendo de secesión.