Familiares de migrantes que han desaparecido en su tránsito por México rechazaron la ley de seguridad interior, ya que entre las víctimas de la actual estrategia de seguridad están miles de personas que huyen de sus lugares de origen en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

Integrantes de la 13 Caravana de Madres Centroamericanas –que inició un recorrido por la ruta migratoria de México el pasado primero de diciembre y concluirá el 18– llegaron a Ciudad de México, donde ayer dieron una conferencia de prensa en la que señalaron que hay al menos 100 mil casos de migrantes desaparecidos en nuestro país, la mayoría de ellos en la impunidad, por lo que demandaron verdad y justicia.

Por ello, la noche del miércoles interpusieron una docena de denuncias en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría General de la República. Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, señaló que también dieron seguimiento a otras ocho carpetas de investigación de denuncias interpuestas desde 2015 y que a algunas madres les tomaron muestras de ADN, para cotejar con la base de datos de las demás entidades mexicanas.

Indicó que en estos últimos casos hay pocos avances ya que los migrantes dejan pocos rastros de su paso por el país en alguna institución mexicana, debido a las políticas de persecución migratoria. Dijo que las autoridades se comprometieron a continuar con las indagatorias de manera puntual y agilizar los averiguaciones pasadas.

En tanto, ayer, en la conferencia de prensa, señalaron que las “políticas de ‘seguridad’ que se reflejan claramente en la nueva propuesta de ley de seguridad interior en México, así como las políticas xenofóbicas y antimigrantes de Estados Unidos, replicadas en la Iniciativa Mérida y el Plan Frontera Sur, han creado una situación de violencia, deshumanización y altísimo riesgo para los migrantes. Más de 100 mil desaparecidos en tránsito por México son los daños colaterales de la militarización del país. Hoy, en vías de institucionalizar la violencia con la llamada ley de seguridad interior, se pone en manos de militares asuntos policiales y se pisotea la democracia”.

La caravana está conformada por madres y padres de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que desaparecieron a su paso por México, quienes criticaron el intento por avalar la ley de seguridad interior.

A pesar de numerosos reportes e investigaciones a escala nacional e internacional que concluyen que la militarización del país ha provocado el aumento de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas e impunidad, el gobierno mexicano ha decidido continuar con esa política.

Los migrantes agregaron en la conferencia de prensa que la amenaza que representa la norma obliga a reafirmar nuestra fuerte oposición a las políticas de militarización por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos. Exhortamos a estas administraciones a dejar de utilizar sus amplios recursos en perseguir migrantes y atacar las raíces del desplazamiento forzado: contrarrestar la violencia y la falta de oportunidades económicas creadas por el categórico e irrefutable fracaso de las políticas neoliberales en México y Centroamérica.

Posteriormente, marcharon por Paseo de la Reforma y se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en México. Anunciaron que en los cuatro días que les restan en el país estarán en Puebla, Veracruz y Tabasco.