San Cristóbal de Las Casas, Chis.

El obispo Felipe Arizmendi Esquivel adivirtió ayer que miles de indígenas que han huido de sus comunidades en el municipio de Chalchihuitán por conflictos de tierras con habitantes de Chenalhó viven en condiciones preocupantes y dolorosas,

Agregó que los habitantes de Chalchuitán le aseguraron “que no recurrirán a las armas ni a otras medidas de lucha o venganza, sino que acudirán a las instancias superiores, al Tribunal Unitario Agrario (TUA) y, si es necesario, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El sábado estuve unas horas en Chalchihuitán, donde escuché a personas desplazadas de varias comunidades, y a las autoridades municipales, explicó. Añadió que miles de desplazados viven en las montañas, expuestos a las inclemencias del tiempo, al hambre y a las enfermedades.

Precisó que pasó por la carretera, “que ya está libre de la comunidad de Las Limas (Chenalhó) hacia la cabecera municipal, y observé muchas casas abandonadas.

Sus dueños no se atreven a regresar por sus pertenencias y ver a sus animales, menos a cosechar café, porque sigue habiendo disparos por parte de grupos armados que, dicen, son promovidos por autoridades de Chenalhó.

Pide víveres

El religioso aseguró que “es imposible que los desplazados recuperen ahora sus casas y tierras a pesar del fallo del TUA, dado a conocer el 13 de diciembre.

Hombres y mujeres describieron sus sufrimientos y carencias. Ya han fallecido niños y otras personas por falta de alimentos y atención médica. Agradecen toda la ayuda que se les ha hecho llegar y solicitan sobre todo maíz, frijol, sal, azúcar y petates donde dormir, relató.

Seguimos pidiendo ayuda humanitaria, en particular por medio de las parroquias y de Cáritas diocesana.

Arizmendi Esquivel manifestó que existe otro problema sumamente delicado: el fallo del TUA. Hace 43 años, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria entregó a Chalchihuitán 363 hectáreas con documentos oficiales, mediante una resolución presidencial.

Esas tierras, que están en los límites con Chenalhó, fueron ocupadas legalmente. No son ni han sido invasores, sino legítimos propietarios; además, conservan documentos oficiales, expresó.

Sin embargo, Chenalhó no aceptó la resolución de hace 43 años porque dice que no tomó en cuenta los límites del río, que consideran ancestrales, y por tanto anteriores a lo prescrito por la Reforma Agraria.

Mientras, unas 100 personas de diferentes organizaciones marcharon la mañana de ayer en San Cristóbal para exigir a las autoridades estatales que garanticen la vida de los desplazados, solución al conflicto agrario, el desarme de los grupos que operan en Chenalhó y Chalchihuitán.

A su vez, la Arquidiócesis de México aseguró que la situación que experimentan los desplazados por el conflicto de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán ya es un desastre humanitario.

En el editorial del semanario Desde la fe, afirmó que es imprescindible la contención, desarme y procesamiento judicial de los responsables del desplazamiento forzado.

El editorial retoma las recientes declaraciones de Felipe Arizmendi y advierte que el estado es un foco rojo que requiere atención inmediata, pero lamentablemente las soluciones no se han propuesto, porque se acerca la elección presidencial y la de gobernador, y los funcionarios están más interesados en los cargos que puedan obtener que en solucionar un conflicto que mantiene desplazados a más de 5 mil indígenas.

Recordó que el pasado 28 de noviembre el Consejo Presbiterial de la diócesis de San Cristobal de las Casas denunció las condiciones de verdadero terror en la zona. Esta crisis, agregó, ha puesto al descubierto un vicio arraigado que perjudica a los más pobres: la ausencia del estado de derecho.

(Con información de Carolina Gómez Mena)