onsummatum est. El 15 de diciembre, bajo la presión y el chantaje de las fuerzas armadas, sin debate y fast track, la Cámara de Diputados aprobó la ley de seguridad interior (LSI) devuelta por el Senado con modificaciones cosméticas cuatro horas antes, y la turnó al Ejecutivo federal para sus efectos (anti)constitucionales. Ahora, salvo un milagro, Enrique Peña Nieto terminará por doblar la cerviz ante el poder militar y México vivirá en un estado de excepción permanente, mientras se perpetúa la guerra de clases trasnacional impuesta por la insurgencia plutocrática (Robert J. Bunker).

Asimismo, se constitucionalizará el proceso de militarización del Estado iniciado por Felipe Calderón, que ante la debilidad, el desprestigio y la inexistencia de equilibrio de los poderes civiles (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), terminó por consolidarse durante la gestión de Peña Nieto, quien optó por abdicar de algunas de sus potestades y obligaciones esenciales, y concedió mayores prerrogativas presupuestales y políticas (en términos de influencia) a una jerarquía castrense que, envalentonada, no quiere renunciar a sus privilegios.

Como señaló Lorenzo Meyer, la última vez que el Ejército realmente se hizo cargo de la seguridad interior fue durante el gobierno de Victoriano Huerta. Un siglo después, el grupo de expertos/as de la Organización de las Naciones Unidas que el 14 de diciembre exhortó al Senado rechazar el proyecto de ley de seguridad interior, recordó la trágica historia reciente en América Latina, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior estuvo asociada a la práctica sistemática y generalizada de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, la mayoría de las cuales se mantienen en la impunidad.

Advirtieron, también, que la LSI no prevé que las actividades de inteligencia (del Ejército y la Marina) se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de seguridad nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público. Dijeron que la ley contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrán usar la fuerza, y que en ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, podrían repetirse violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a los militares un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad.

Violaciones graves que como en el caso del asesinato de los niños Almanza por soldados en Tamaulipas; el de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey; los hechos de Tlatlaya –que con la orden de salir a abatir delincuentes en la oscuridad exhibió el paradigma militar de la seguridad−; Tanhuato; Apatzingán; Nochixtlán; la ejecución de ocho personas en la delegación Tláhuac por la Marina, y un largo etcétera, exhiben un mismo patrón de comportamiento que ha sido definido como una política de exterminio (necropolítica), con algunos eventos de letalidad perfecta (donde sólo se registraron muertos y ningún herido) y un uso desproporcionado de la fuerza.

Ante la genuflexa irresponsabilidad de Peña Nieto y la miopía y fatuidad insolente de las/los legisladores que clamaron ¡orden! (senadora priísta Cristina Díaz, dixit), cabe repetir que −para regocijo del complejo industrial-militar-securitario (Robinson) y la plutocracia local− la fuerza trae la fuerza. Es su ínsita lógica avasalladora. Para ellos, y bajo el camuflaje propagandístico de la guerra a las drogas, el ascenso exponencial del terrorismo de Estado es irrelevante.

¿Qué sigue? ¿Hasta qué extremos será llevada la militarización del país? ¿Se intentará infundir la disciplina y el espíritu militar (Juan Ibarrola dixit) a todo México? ¿Convertir al país en un gran cuartel mientras se prepara el relevo del déspota actual con una per-versión disfrazada de elección?

Una vez más, el parlamento se ha negado a sí mismo y se ha dejado ganar, bien puesta la cabeza en el hoyo, por la parálisis de la complicidad. En la práctica, la LSI, que está sustentada teóricamente en el derecho penal del enemigo de Günther Jakobs, puede ser calificada en analogía histórica con el Tercer Reich de 1933, como la ley habilitante mexicana de 2017.

Calderón y Peña Nieto han sido los grandes favorecedores de un caos y una violencia sin límites en México, que exhibe del otro lado de la moneda la pachanga patrimonial (Buscaglia) y la contrarrevolución plutocrática en curso. Las torturas, ejecuciones, desapariciones y el desplazamiento de población son la contracara del éxito de la plutonomía (concepto acuñado en 2005 por analistas del Citigroup) glorificada en Davos.

La insurgencia plutocrática, dice Bunker, involucra a las élites globales y es la contraparte de la insurgencia criminal (J. Sullivan). Pero en vez de basarse en economías ilícitas y de naturaleza ascendente (de abajo hacia arriba), deriva de economías libres de cualquier soberanía o autoridad (fiscal) reguladora de los estados, y es de naturaleza descendente (de arriba abajo). Para la plutonomía la sociedad ha dejado de existir; se trata de nada, sólo dinero (H. Kurnitzky). El poder de matar congéneres, diría Canetti, da más poder y prestigio, y lleva al exterminio de las amenazas. Para eso los que mandan necesitan a la LSI y sus centuriones, para exterminar al enemigo interno y reprimir legalmente las protestas y manifestaciones antiplutocráticas.

¿A dónde va el régimen? Al poder concentrado, absoluto, arbitrario. ¿Y después? Porque siempre hay un después. Después, los gobernantes de la hora, que marchan a contrapelo de la historia, comprobarán que han sido otros tantos aprendices de brujo. Las armas siempre deben inclinarse ante la toga y los partidos mandar al fusil. Hasta Clemenceau, que conocía de sobra la materia, llegó a decir que por ser la guerra demasiado seria, no debe confiarse su dirección a los militares.