Funcionarios estatales y municipales de Sonora, así como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de más de 680 menores por el tráfico de éstos documentado entre 2009 y 2015, adopciones ilegales, expedición de certificados de nacimiento con datos falsos y la agresión física y verbal contra un niño.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves a las garantías fundamentales dirigida a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; al director general del IMSS, Tuffic Miguel Ortega; al fiscal general del estado, Rodolfo Montes de Oca, y al presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta.

Luego de sus indagatorias, la comisión presidida por Luis Raúl González Pérez encontró que se vulneraron los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la verdad, por las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF estatal, lo que impidió conocer el destino final de 682 pequeños, además de que esa autoridad no exhibió la documentación para acreditar el cumplimiento de requisitos legales de 110 menores que fueron dados en adopción.

Otras garantías vulneradas y documentadas en la recomendación, de 235 páginas, son a la igualdad sustantiva, por la suposición, supresión y tráfico de 22 niños atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia estatal.

También se acreditó la supresión y tráfico de 18 menores, que violó los derechos a la adecuada procuración de justicia, por la dilación e integración irregular de las averiguaciones previas.

En lo que corresponde a los empleados del IMSS, la CNDH halló que expidieron certificados de nacimiento de 17 menores los cuáles contienen datos falsos respecto a la identidad de las madres biológicas.

Las autoridades tampoco garantizaron una adecuada impartición de justicia, ya que hubo un desistimiento ilegal de la acción penal ejercida en su momento contra 13 personas por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, entre otras irregularidades.

Por eso, el ombudsman nacional hizo varias recomendaciones a los servidores públicos señalados, a la gobernadora y al titular del IMSS, a quienes ordenó reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de 22 menores víctimas de supresión y tráfico de infantes, al igual que a todos aquellos que padecieron por los trámites irregulares de adopción y en los que se advierta alguna anomalía sobre los 682 niños de quienes el DIF estatal no acreditó destino final.