as dos cámaras del Congreso estadunidense aprobaron ayer, por 224 votos contra 201, una reducción de impuestos sin precedente en más de tres décadas, la llamada reforma fiscal propuesta por el presidente Donald Trump, que disminuye de 35 a 21 por ciento las contribuciones de las empresas y de 39 a 37 por ciento los impuestos a las grandes fortunas, duplica el techo de exención para los salarios de 6 mil 500 a 12 mil dólares anuales. A decir de los legisladores demócratas, la perjudicada será la clase media, en tanto que las arcas públicas dejarán de percibir casi un billón y medio de dólares al año, lo que podría incrementar el déficit fiscal e inflar la de por sí desmesurada deuda pública, que ronda los 20 billones de dólares.

Por añadidura, Trump se jactó de que la reforma significa una cancelación en los hechos del sistema de seguridad pública construido por su antecesor, Barack Obama –y contra el que la actual presidencia había venido realizando intentos infructuosos de derogación–, toda vez que suprime a partir de 2019 la obligación individual de contar con un seguro médico. Por añadidura, el paquete legislativo aprueba la prospección de hidrocarburos en el océano Ártico, lo que representa un golpe adicional del actual gobierno estadunidense a los esfuerzos ambientales de la comunidad internacional.

Los efectos de las medidas aprobadas son materia de debate entre economistas; algunos afirman que, como asegura el magnate neoyorquino, darán combustible al crecimiento económico; otros señalan el riesgo de que una reducción de ingresos fiscales tan monumental como la que se aprobó ayer se traduzca en una drástica contracción del gasto público que termine por inhibir la economía, como ocurrió en los inicios de la era neoliberal y que se saldó con el fracaso de la llamada reaganomics, a finales de los años 80 del siglo pasado.

Por lo que hace a México, la reforma fiscal de Trump puede tener efectos financieros devastadores, por cuanto la fuerte reducción impositiva en el país vecino podría desencadenar una fuga de empresas y de capitales, especialmente estadunidenses, que verían en la nueva circunstancia una oportunidad para ampliar sus márgenes de ganancia al norte del río Bravo.

Antes de que eso ocurra, sectores del empresariado nacional presionan desde ahora al Ejecutivo para que les otorgue estímulos fiscales adicionales. Un botón de muestra es el comunicado difundido ayer por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, quien se manifestó por ampliar a 100 por ciento la deducibilidad fiscal de prestaciones laborales como vales de despensa, becas educacionales y deportivas, fondos de ahorro, útiles escolares, rembolso de gastos médicos, dentales y funerarios, que actualmente pueden deducirse sólo parcialmente, así como la deducción inmediata de inversiones, entre otras medidas. Asimismo, el representante patronal criticó el hecho de que, aunque desde agosto pasado había indicios claros de que la reforma fiscal sería aprobada en Estados Unidos, nada se hizo oportunamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni en el Congreso de la Unión para anticiparse a estas previsibles medidas.

Sean cuales sean las tácticas correctas que debieran aplicarse actualmente, la crítica de De Hoyos Walther es justificada en lo que respecta a la abulia de las máximas instituciones del país ante el drástico cambio que la llegada de Trump a la Casa Blanca ha introducido en todo el escenario internacional y particularmente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Ese viraje habría debido llevar desde hace más de un año a una reformulación general de las estrategias diplomáticas y económicas gubernamentales para hacer frente a una circunstancia que resulta, por donde se le vea, cargada de riesgos y amenazas para este país y su población.