Aun cuando organismos internacionales como el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamaron en innumerables ocasiones a no aprobar ni promulgar la Ley de Seguridad Interior, ayer el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, concretó su entrada en vigor.

En varias ocasiones ambas instancias internacionales se manifestaron contra el contenido de esta ley –la cual, entre otras cosas, regula la labor de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública– con el argumento de que la estrategia seguida durante más de una década no ha terminado con la violencia en el país y, por el contrario, ha provocado sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

El titular de la ONU-DH, Zeid Ra’ad Al Hussein, subrayó el pasado 5 de diciembre que debido a la estrategia de seguridad en México, tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Afirmó que la entonces minuta de ley contenía varios elementos inquietantes, como la que indica que en determinadas circunstancias las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas; autoriza a éstas la ejecución de tareas policiales sin que vayan acompañadas de los controles y la supervisión apropiados, y carece de las garantías adecuadas, con apego a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

Sumado a ello, el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, ha insistido en que lejos de aprobar esta norma, el Estado mexicano debería poner en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia que vive el país, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad que reproduce la criminalidad.

En tanto, la CIDH también expresó su preocupación por el contenido de la norma, al considerar que cuenta con preceptos contrarios a los estándares internacionales en materia de garantías fundamentales. Su entrada en vigor significaría la normalización, regulación y permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Subrayó que en la región, específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna por lo general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las fuerzas armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos agudiza la preocupación de esta Comisión.

Hace dos días, un grupo de 10 destacadas organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Esto en respuesta a la posible promulgación de la Ley de Seguridad Interior.

Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.

Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.