n los desguazaderos, yonkes, talleres automotrices y lugares semejantes, la palabra overjoleada es común en la frontera norte de México. Se trata de un anglicismo (overhaul) adaptado a la fonética castellana, y quiere decir reparación total.

Una overjoleada, me parece, es lo que requiere nuestro país. En los últimos 35 años han sido tan deformadas, desde su constitución hasta prácticas culturales cotidianas, que los cambios ofrecidos por los distintos partidos mediante sus candidatos, y por los candidatos no partidarios, resultan del todo insuficientes y hasta ridículos. Para abultar su mediocre currículum en la política mexicana, el prianista José Antonio Meade, por ejemplo, echa mano de sus títulos escolares.

Mala ha sido nuestra experiencia como país con los posgrados que hemos conocido en carne de los presidentes priístas –salvo Peña Nieto– y el panista Felipe Calderón. El gobierno de sus titulares se ha traducido en mengua del mandato del soberano colectivo, de la autodeterminación nacional, de las conquistas de los trabajadores, de los derechos humanos, de nuestros recursos naturales y, de manera destacada, de los periodistas que ejercen la crítica.

Ante la desesperación por remediar el estado de cosas vigente se ha querido introducir la distorsión en el ámbito de la representación política de que quizá una mayor escolaridad de los representantes pueda dar por resultado decisiones de gobierno más acertadas. En círculos conservadores de Nuevo León se ha demandado que los aspirantes a diputados ostenten una maestría, por lo menos.

En el centenario de la Constitución de 1917, a iniciativa del PAN y el PRI, esta mayoría, con los pegotes partidarios que se le conocen, aprobó en 2017 leyes inconstitucionales lesivas para el estado de derecho, la integridad de la ciudadanía y la nación. La Ley de Seguridad Interior, la más polémica, ha recibido una amplia condena, incluso a nivel de organizaciones y medios internacionales.

Pronto, la guerra de baja intensidad entre las fuerzas armadas y la ciudadanía se iba a expresar en lo que los militares llaman enfrentamientos. Actualizaciones de Tlatlaya al margen de la PGR.

Con las legislaciones de 2017 y las que se han derivado de las reformas estructurales y las medidas ilegales, que luego se han legalizado en la lógica de que si ya se hicieron práctica, lo mejor es legalizarlas, la Constitución se ha visto torcida.

En el curso de 2017 salió de prensas, con los sellos de la Cámara de Diputados, la Dirección de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la propia Cámara y la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea, un libro colectivo conteniendo 10 trabajos sobre temas constitucionales ( La Constitución de 1917. Reflexiones sobre los grandes problemas nacionales) bajo la coordinación de Víctor Pitalúa Torres. Nueve de esos trabajos se refieren a los antecedentes y diversos temas de la Constitución vigente con propuestas de reforma. El décimo de los trabajos –el mío– propone elementos para una nueva constitución. La overjoleada que urge el país.

La hipótesis de ese trabajo es que México está regido por un Estado (gobierno y poderes fácticos interiores y del exterior) que simula ser una república democrática, representativa y popular. La pieza clave de esta simulación es el ejecutivismo en cuya cima se halla el Presidente de la República, y se reproduce en los poderes de los estados y municipios, amén de que se extiende a muy diversas organizaciones civiles, empezando por los partidos políticos. Se trata de una red cuyos nódulos se ven dominados por jefes con su estado mayor, las llamadas cúpulas, que ejercen su poder de manera semejante al titular del Ejecutivo Federal. Y donde, por principio, trátese de empresarios, trabajadores, académicos, deportistas u otros diversos gremios, el órgano que garantiza el debate, la inclusión de los representantes de la base, la toma democrática de decisiones, es decir, la asamblea, se halla sometida al poder de la jefatura correspondiente, o bien no existe.

Ese esquema, presente en todos los ámbitos políticos y sociales, impide que una genuina representación política sea la garantía de que los ciudadanos tiendan libremente a asumirse como el soberano colectivo que ejerce su potestad, precisamente, mediante sus representantes.

Apremia la modificación de ese esquema, más cercano a la monarquía despótica que a una república.

Todo mundo se sorprende de los más de 650 cambios que se le han hecho a la Constitución, pero apenas algo o nada se dice sobre la ausencia de reformas a los artículos 110 y 111 constitucionales relativos a las responsabilidades del Presidente de la República. La última reforma sobre el tema fue la de 1982, y sólo en forma, como dice la investigadora parlamentaria Claudia Gamboa Montejano (Responsabilidades del Presidente de la República).

El diputado Ángel Barroso, durante la presentación del libro en el Congreso de Nuevo León señaló que éste invita a reflexionar sobre lo que hemos tenido y lo que no podemos perder, pero también invita a participar en lograr lo que no hemos logrado y podemos lograr con la construcción de una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

La overjoleada, nada menos.