yer falleció Martha Patricia Reyes, una de las personas que asistieron el miércoles pasado a un acto de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo –abanderada de Morena al gobierno capitalino– en la delegación Coyoacán, donde hubo agresiones de un grupo identificado con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Reyes no recibió golpes, pero sufría de hipertensión y al caer un petardo cerca de ella se desmayó, por lo cual fue trasladada a un hospital. Se le diagnosticó muerte cerebral y murió de paro cardiaco.

Es necesario recalcar que tanto el episodio ocurrido en la colonia Villa Quietud, como el que horas después se registró en la colonia Ajusco de la misma demarcación, fueron asaltos plenamente coordinados con el propósito de reventar actos de campaña, y no grescas o enfrentamientos entre ciudadanos con simpatías diferentes. Lo anterior se encuentra documentado en videos grabados por los asistentes a los actos, así como en el que capturó nuestro compañero Ángel Bolaños, quien fue salvajemente golpeado en el primer mitin.

El de Martha Reyes no es el único deceso que lamentar en el contexto de las precampañas rumbo a las elecciones del primero de julio. A la violencia que ya se ha vuelto tristemente cotidiana en casi todo el país, los últimos días se le ha sumado una cauda de atentados contra precandidatos, funcionarios y ex funcionarios municipales del PRD y el Partido Revolucionario Institucional. Como parte de este saldo trágico, en sólo una semana fueron asesinados cinco perredistas que buscaban un cargo de elección popular o desempeñaban alguna labor de gobierno, mientras ayer mismo el ex regidor de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, sufrió una tentativa de asesinato en la cual resultó muerto su hermano.

La violencia contra políticos profesionales o ciudadanos que participan a título personal en el proceso democrático en curso tiene diversas causas y orígenes, todos los cuales deben ser investigados y esclarecidos de manera oportuna e imparcial. Lo dicho debe aplicarse con particular rigor en el caso de los atropellos en los que se encuentran implicadas figuras de poder o autoridad de quienes se espera una conducta ejemplar en el desempeño de sus funciones.

Para poner fin a estos episodios de salvajismo que enturbian la preparación de los comicios en los que se renovarán los poderes federales y buena parte de los locales, no hace falta ningún pacto de civilidad: un acuerdo de este tipo sería pertinente si tuviera lugar una guerra de lodo, es decir, el uso sistemático por parte de dos o más participantes en la contienda electoral de la calumnia y la inducción del pánico entre la ciudadanía para minar la votación de sus adversarios, lo cual hasta ahora no es el caso. Por el contrario, el cabal cumplimiento de la legalidad, ante todo en lo que respecta a hechos tan graves como el homicidio, es algo que no necesita pactarse.