más de tres meses de un conflicto que en su momento crítico dejó casi 6 mil personas desplazadas, todavía no existen condiciones para que retornen a sus hogares mil 165 pobladores del municipio chiapaneco de Chalchihuitán, mientras muchos de quienes han regresado para cuidar sus cosechas e intentar rescatar sus bienes, lo han hecho conscientes de que se encuentran bajo amenaza de grupos paramilitares que efectúan disparos contra sus comunidades.
La crisis actual comenzó el 18 de octubre anterior, cuando el asesinato de Samuel Pérez Luna reactivó el añejo conflicto territorial entre habitantes de los municipios tzotziles de Chenalhó y Chalchihuitán. Las frecuen- tes amenazas a la vida de los habitantes del segundo municipio provocaron el exilio forzado, que entre el 24 de noviembre y el 19 de diciembre había dejado un saldo mortal de 10 víctimas entre los desplazados: una por asesinato, otra por suicidio, y las restantes por frío y enfermedades, incluyendo la de una recién nacida y la de un feto que murió en el vientre de su madre.
Pero el conflicto data de al menos cuatro décadas, hasta un fallo judicial que decretó un reparto de tierras que no respeta los límites históricos marcados por el río que divide ambos pueblos
, de acuerdo con el obispo Felipe Arizmendi. En efecto, sucesivas distribuciones agrarias favorecieron a uno u otro pueblo, a partir de criterios de oportunismo político e intereses cupulares, más que de legalidad o justicia histórica, de lo cual es muestra la resolución favorable a Chenalhó, dada conocer por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) el 13 de diciembre anterior, pese a haberse emitido desde el 6 de noviembre. Es decir, se retuvo el fallo que podría poner un fin legal –si bien no una salida aceptable– al conflicto, mientras los desplazados padecían condiciones exasperantes de hostigamiento, frío, hambre y enfermedades.
Es importante señalar que en su actual fase, la disputa territorial rebasa el marco del histórico diferendo entre las comunidades y, en cambio, constituye otro ejemplo de los graves casos de paramilitarismo que azotan al país, con grupos armados que actúan con el cobijo de facciones políticas locales, ante la mirada omisa de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, la violencia contra los pobladores de Chalchihuitán representa los saldos nefastos de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 12 de agosto de 2009, por la cual se abrió el camino a la liberación de quienes perpetraron la matanza de Acteal, paraje de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997.
Es impostergable que, en lo inmediato, las autoridades garanticen condiciones plenas de alimentación, vivienda y acceso a la salud a quienes permanecen desplazados, sin soslayar que esta situación no puede alargarse.
Para transitar hacia el retorno de todos los afectados con respeto a su integridad física y material, así como para evitar la repetición de este tipo de tragedias, se requiere en primer lugar de voluntad política para aplicar la ley en el desarme y procesamiento de los grupos paramilitares que se han convertido en un recurso lamentablemente socorrido de facciones de poder.
