l lunes anterior, durante su visita a Ciudad de México, Javier Corral Jurado se permitió la ligereza de afirmar que pese a la existencia de todo un objetivo de descalificar este esfuerzo, el asesinato de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea, cometido el 23 de marzo de 2017 en la capital de Chihuahua, es el primer caso que se resuelve en muchos años.

Ayer su gobierno difundió un comunicado en el cual se niega que con tales palabras el gobernador pretendiera cerrar el caso, pero el proceder de Corral quedó registrado como una muestra más de cómo su administración ha encarado el homicidio de la periodista; esto es, como un problema de relaciones públicas, más que de impartición de justicia y reparación de daños a los familiares de las víctimas.

Como se ha señalado en estas páginas, tras meses de estancamiento el proceso de investigación del crimen contra Miroslava dio diversos vuelcos –que no significa avances– en la semana del 22 al 29 de diciembre de 2017. Primero, la aparición sin vida de Ramón Andrés Zavala Corral, presunto autor material del crimen; después, el arresto de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, supuesto líder de una célula del cártel de Sinaloa, a quien se presentó como coordinador de la logística del atentado. Por último, durante la audiencia de vinculación a proceso contra El Larry se reveló la grabación de una llamada telefónica en la cual el vocero del Partido Acción Nacional en Chihuahua, Alfredo Piñera, presiona a Miroslava para que revele las fuentes de sus investigaciones. En este mismo audio se sugiere la existencia de una red de relaciones entre políticos de este partido y células del crimen organizado.

Pese a que estas pruebas permitían seguir nuevas y potencialmente productivas líneas de investigación, la presentación de Moreno Ochoa como autor intelectual, y el apresurado anuncio por parte de la Fiscalía General del Estado de que no existen elementos para iniciar una investigación contra los políticos blanquiazules implicados en los audios, renuevan la ya fundada desconfianza acerca de la imparcialidad de las autoridades ministeriales del estado.

Al margen de si se encuentran fundadas las acusaciones que Corral realizó en la conferencia de prensa que lo trajo a Ciudad de México –según las cuales la entidad que gobierna se ha visto sujeta a presiones financieras de la Federación, a raíz de las investigaciones por desvío de recursos emprendidas contra la anterior administración estatal–, lo cierto es que su viaje a la capital tuvo claros tintes escénicos y de promoción personal, frivolidades inaceptables, cuando Chihuahua padece un atroz recrudecimiento de la violencia que ha dejado 61 muertos en los días recientes, 32 de ellos en menos de 24 horas.

El mandatario panista debe recordar que una de las principales causas de su llegada al poder fue el hartazgo de la sociedad chihuahuense ante la inoperancia de sus antecesores para combatir la permanente amenaza a su integridad física y patrimonial. En el caso de Miroslava, como en el de todas las víctimas de la violencia, el esclarecimiento de los crímenes cometidos y la presentación ante la justicia de los responsables es la primera condición para poner fin a la casi absoluta impunidad, caldo de cultivo de nuevas atrocidades.