Las organizaciones civiles y especialistas que forman parte del colectivo Seguridad sin Guerra han estado asesorando a más de 28 municipios de todo el país para que presenten controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior, además de afinar sus propios análisis sobre el tema, para que las acciones legales contra dicha norma tengan solidez.

Así lo indicó Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, quien afirmó que organismos públicos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se sumarían en breve a las impugnaciones contra la legisalción.

El plazo determinado (para presentar acciones de inconstitucionalidad, de 30 días naturales tras la promulgación de la ley) está siendo aprovechado debidamente en armar toda la fundamentación de los recursos que próximamente se presentarán contra la polémica norma, detalló el activista en charla con La Jornada.

En dicho proceso se ha consultado a la academia y a diversas organizaciones. Además, podría salir en las próximas horas o a inicios de la próxima semana una acción fuerte de la CNDH y el Inai, que son las instancias capaces de ejercer una acción de inconstitucionalidad.

Asimismo, el colectivo Seguridad sin Guerra –conformado por más de 100 organizaciones civiles, académicos y especialistas a título personal– envió una carta al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, invitándolo a que ejerza su derecho a inconformarse contra la mencionada norma, tomando en cuenta que ha manifestado públicamente su oposición a dicha ley.

Aún no vence el plazo (para impugnar la ley), y podría percibirse que si se presentan los argumentos inmediatamente, les podría faltar mayor espacio para comentarlos con la academia y las organizaciones, de profundizar más. Por eso, mi equipo y el de otros organismos han estado trabajando en esos argumentos jurídicos, enfatizó Ríos.

Hasta el momento la única controversia constitucional contra esa legislación ha sido presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla.