La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trabaja junto con integrantes de la academia y de la sociedad civil en la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que interpondrá en los próximos días ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez ha considerado que esta norma, promulgada el pasado 21 de diciembre por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, presenta potenciales riesgos en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección a las garantías fundamentales, de ahí que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, presentará la controversia.

La fecha límite para hacerlo es el 22 de enero; sin embargo, funcionarios de ese organismo indicaron que se estima que se presente, a más tardar, el viernes 19 de este mes.

Personal de las diversas áreas de la CNDH que trabajan en la elaboración del documento, entre ellas la Jurídica; se han reunido con representantes de instancias internacionales y de organizaciones civiles nacionales, académicos y de otros sectores a fin de escuchar todas las voces que se han manifestado en contra de la ley y presentar argumentos sólidos.

Han trabajado de manera conjunta con expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación y Docencia Económicas; de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; así como con miembros de las organizaciones que conforman los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscaliaQueSirva.

Al manifestar su posición en torno al entonces dictamen de ley, el 29 de noviembre pasado la CNDH señaló que el contenido de éste contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las fuerzas armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de seguridad pública en términos del artículo 21 constitucional.

Entre los riesgos detectados por el organismo nacional es que esta normativa tiene imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la seguridad nacional con la seguridad interior. Una definición sumamente amplia y ambigua de esta última permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica.