Washington. Legisladores estadunidenses exhortaron a AT&T a cortar sus vínculos comerciales con el fabricante chino de teléfonos Huawei y rechazaron los planes de China Mobile para entrar al mercado estadunidense, por temores en torno de la seguridad nacional, dijeron dos asesores del Congreso. El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, adoptó una postura más severa que su predecesor Barack Obama en políticas que van del rol de Pekín en contener a Corea del Norte, a los esfuerzos chinos por adquirir industrias estadunidenses estratégicas. A comienzos de mes, AT&T, segundo mayor operador de telefonía móvil de Estados Unidos, debió desechar sus planes para ofrecer a sus clientes teléfonos de Huawei, luego de que algunos miembros del Congreso presionaron a reguladores federales para que no se aprobaran. Washington además bloqueó operaciones de compras chinas por temores sobre seguridad nacional, incluyendo la compra propuesta de Ant Financial a la empresa estadunidense de envíos de dinero MoneyGram International. Los legisladores han advertido a firmas estadunidenses que si tienen lazos con Huawei o con el operador de telecomunicaciones China Mobile su capacidad de hacer negocios con el gobierno en Washington podría afectarse, dijo un asesor, quien pidió la reserva de su identidad.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aceptó la propuesta del Ejecutivo federal para que Armando Baqueiro ocupe un segundo periodo como vocal ejecutivo de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). La tercera comisión de la Permanente aceptó los argumentos del presidente Enrique Peña Nieto, porque Baqueiro ejecutó diversos actos para la correcta administración del sistema de protección bancaria. Los legisladores insistieron en su dictamen que el funcionario cuenta con bases sólidas para el desempeño de sus atribuciones como vocal de la Junta de Gobierno. Además, el órgano legislativo exhortó a la Secretaría de Hacienda a que dé cuenta, en un plazo no mayor de 15 días, de las acciones económicas y fiscales implementadas por la administración federal para enfrentar las repercusiones inflacionarias en el país y dar cuenta de los efectos que tendrá el incremento de la tasa de referencia del Banco de México y de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las actividades productivas del país para los consumidores y usuarios de servicios financieros. Los legisladores también consideran necesario que la autoridad exponga las consecuencias que tendrán esas medidas en las finanzas públicas, particularmente en el costo financiero de la deuda del sector público.