Tres de los cinco policías comunitarios que perdieron la vida durante los enfrentamientos armados en la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, Guerrero, el 7 de enero, “fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes estatales”, afirmó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Esta organización civil ha documentado los hechos y aseveró tener información para afirmar que los comunitarios Feliciano Ascencio Sierra y Alexis Santos Castillo estaban en el patio trasero de la Casa de Enlace. Al primero lo obligaron a hincarse con las manos en la nuca, mientras Santos Castillo se mantenía de pie con las manos en alto en señal de rendición. Sin embargo, la policía estatal les disparó, asesinándolos.

Crescenciano Everardo Lorenzo, el tercer policía ejecutado de manera extrajudicial, fue detenido cuando estaba en el patio frontal de la Casa de Enlace. Dos policías estatales le pidieron su arma; él la entregó sin oponer resistencia. De inmediato lo sujetaron y se lo llevaron detenido rumbo a la tienda Liconsa que está junto a la iglesia de la comunidad. Posteriormente apareció su cuerpo sin vida.

Al hacer pública una relatoría de los hechos, el Centro Tlachinollan lamentó que 10 días después de los sucedido “las autoridades (estatales) no han informado si han iniciado una investigación por estas ejecuciones extrajudiciales. Además, en la indagatoria que se abrió por el asesinato de los seis civiles no figura ningún policía comunitario”.

Destacó que la ejecución extrajudicial de los tres comunitarios se dio después de las 11 de la mañana del 7 de enero, una vez que agentes estatales, federales y miembros del Ejército aplicaron un operativo luego de que en la madrugada se dio un enfrentamiento armado entre comunitarios y civiles armados, lo que causó la muerte de seis civiles y otros dos policías comunitarios.

Sobre la detención de más de 30 personas durante esos hechos, el Centro Tlachinollan ha concluido que se dieron de forma irregular, pues no existían órdenes de aprehensión ni se les informaron cargos en su contra. Durante las detenciones hubo indicios claros de al menos 10 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Destacó en particular la detención de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, quien fue interrogado y golpeado por los agentes estatales, mientras un militar vigilaba. Agregó que intentaron obligarlo a disparar, pues se le insistía en que había matado a personas durante la madrugada, y lo amenazaron de muerte.