Un juez federal aplazó la audiencia de acto de investigación contra el ex gobernador de Veracruz, Javier N, para el 31 de enero. La diligencia que se llevó a cabo este jueves duró 11 minutos fue a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), que busca autorización para solicitar un nuevo informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) vinculado a los presuntos desvíos del imputado.

Ayer no se presentaron en la audiencia ni el procesado ni su abogado, Marco Antonio del Toro, pues el despacho del jurista impugnó la diligencia y entregó un documento que detallaba la violación al proceso.

Por su parte el juez de control con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, señaló que la defensa legal no fue notificada con los dos días de anticipación a la diligencia establecido en la ley; la hora y día señalados de la notificación– expuso a los fiscales– no se ajusta a lo que ordena el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice que cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del caso deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos 48 horas antes de la celebración del acto.

La falta procesal y el hecho de que el imputado no se presentara ocasionó que el juez de control difiriera la audiencia.

Los fiscales propusieron al juez federal que la siguiente reunión se realizara antes del 22 de enero, cuando concluye el periodo para presentar más elementos que acrediten parte del monto que durante la gestión de Javier N se desviaron del erario veracruzano.

Sin embargo, el impartidor de justicia respondió que él no agendaba las fechas, sino el nuevo sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal y no podía resolver nada si no está presente la defensa: No hacemos magia negra, aquí no hay acuerdos ni nos reunimos en lo oscurito.

En julio, el ex gobernador de Veracruz, Javier N fue vinculado a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; desde entonces permanece preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México.En ese entonces, tras una audiencia de casi 13 horas, Moreno García dictó el auto de vinculación al ex mandatario veracruzano, luego de que su defensa fracasó en demostrar que la PGR no contaba con elementos que lo vinculen de manera directa en el desvío de recursos públicos a empresas fachada.

A lo largo de la diligencia judicial, el Ministerio Público Federal ha presentado al menos 82 elementos de prueba por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, donde el imputado lideraría una organización criminal que operaba en la capital del país, Veracruz, el estado de México y Campeche, donde sus prestanombres adquirieron propiedades.