El presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Infodf), Israel Mucio Hernández Guerrero, afirmó que la Asamblea Legislativa (ALDF) debió adecuar en la ley la estructura del organismo y los requisitos para ocupar el cargo de comisionado ciudadano, conforme a lo determinado en la Constitución Política capitalina, a fin de generar una norma estable y alinear su diseño institucional al ordenamiento por el cual tanto luchó esta ciudad.

Señaló que al no hacer dicha armonización, la ALDF no sólo aumentó de cinco a siete el número de comisionados, sino que en la discusión del Presupuesto de Egresos para este año no se asignaron al Infodf los recursos suficientes para las comisiones adicionales que entrarán en funcio- nes el primero de abril próximo.

No alcanza el presupuesto para otros dos comisionados, apuntó en entrevista luego de clausurar el diplomado Protección de datos personales en la Escuela de Administración Pública local.

En relación con el proceso en la Asamblea para integrar al pleno del organismo con los perfiles de la Ley de Transparencia –en la que no son requisitos tener un mínimo de cinco años de experiencia en la materia, no pertenecer o militar en algún partido político ni haber sido candidato a un cargo de elección durante los cuatro años anteriores al día de su designación– Hernández Guerrero expresó que ante todo se debe cuidar el nivel alcanzado por la institución y su autonomía.

Los órganos autónomos somos el contrapeso dentro del sistema político en el ejercicio del poder, remarcó.

La diputada local del PRI, Dunia Ludlow Deloya, integrante de la Comisión de Transparencia en la ALDF, coincidió en que debió realizarse una actualización de la ley en los términos de la Constitución local, con el conjunto de leyes y reformas del sistema anticorrupción, sin embargo, no se generó la iniciativa y ahora que se desarrolla el proceso para elegir a los comisionados se detectaron omisiones, como no vetar a miembros y militantes de los partidos para ocupar el cargo, como sí lo dispusieron los diputados constituyentes.

Aseguró que en este proceso, con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, se impedirá que lleguen al organismo personas que tengan vínculos claros con partidos e incluso con personajes que ocupan puestos clave de decisión política.