El hecho de que la Procuraduría General de la República haya solicitado la extradición del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, es un paso positivo, pero genera suspicacia que haya realizado este anuncio antes de pedir formalmente una orden de detención, pues de esa forma se le podrían dar ventajas indebidas al acusado en el proceso judicial en su contra, afirmó el abogado Paulo Díez Gargari.

El también estratega jurídico del gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, solicitó a las autoridades federales que incorporen a la solicitud de extradición no sólo los tres cargos que formuló la PGR, sino también otros ocho que ha señalado el mandatario panista para que sean considerados en el expediente del caso.

Durante una rueda de prensa para dar detalles sobre la llamada Caravana por la Dignidad –cuya realización fue anunciada por Corral el domingo pasado–, el litigante explicó que el gobierno estatal promoverá sendas controversias constitucionales contra la omisión de la Secretaría de Hacienda para entregarle poco más de 700 millones de pesos a la administración de Chihuahua, y también para exigir que la extradición de Duarte sea por los 11 cargos señalados por Corral.

A lo anterior se sumarán otras acciones por parte de organizaciones ciudadanas en ese mismo sentido, pues el caso no sólo es importante para Chihuahua, sino para todo el país, ya que es parte de una lucha contra la corrupción en toda la nación, indicó.

Las tres órdenes de aprehensión giradas contra Duarte por la PGR (por dos causas del fuero común y una federal) son un paso positivo, pero hay otras ocho que tienen que ser incorporadas a la brevedad, porque al extraditarlo sólo podría ser juzgado por aquellos delitos incluidos en la solicitud, alertó Díez.

No deja de haber suspicacias por este extraño proceder de la Procuraduría en la que sale a anunciar públicamente lo que va a hacer. Debió haberse solicitado primero la detención y, una vez detenido, presentar la solicitud de extradición, detalló el abogado.