Zacatecas, Zac.

Comuneros de los municipios chiapanecos de Acacoyagua y Escuintla, en asamblea ejidal decidieron prohibir la operación de 21 concesiones mineras en esas regiones porque contaminan el agua, el aire, la tierra y destruyen caminos, difundieron la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS).

En un acta de ejido y otra de bienes comunales con el aval de la mayoría de los comuneros de ambos municipios, refieren la prohibición de la actividad minera dentro de estos dos núcleos agrarios, y del paso de transportes de carga en nuestros caminos porque queremos protegerlos del deterioro.

En el ejido Acacoyagua se estableció que en el ejercicio de los derechos agrarios de los comuneros, a partir de este momento está prohibido el paso de todo tipo de transporte de las empresas mineras sobre toda superficie ejidal, con la finalidad de conservar el uso adecuado de nuestros caminos que con tanto sacrificio hemos logrado, informa el comunicado de la Rema.

Aseguran los campesinos que sus territorios están amenazados por las 21 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en esa región de Chiapas. Una de éstas corresponde a la mina Casas Viejas, en posesión de la empresa El Puntal SA de CV, de donde extrae ilmenita desde 2012 y cuyos camiones de carga dañaron nuestros caminos.

Las actas de asamblea ejidal y de bienes comunales fueron entregadas a las autoridades de Acacoyagua para hacer valer la decisión de defender sus bienes comunes naturales de lo que calificaron la depredación minera.

Además, desde septiembre de 2016, el FPDS mantiene dos campamentos en Acacoyagua para impedir actividades mineras en esa región de la Sierra Madre de Chiapas.

El comunicado publicado el 17 de enero precisa que “las actas fueron firmadas después de una sesión extraordinaria de cabildo, el 24 de agosto de 2017, para ratificar dos compromisos.

En el primero, el cabildo prometió no permitir la contaminación de los ríos, independientemente de cuál sea su origen, para así preservar la flora y la fauna del municipio. El segundo, a no extender ningún permiso ni licencia para la actividad minera en el periodo de la administración 2015-2018 en Acacoyagua.

Ambos compromisos, indican, nos alentaron a pensar que contábamos con un mutuo acuerdo de parar los atropellos de la empresa en el territorio y la colaboración de las autoridades municipales para el respeto de nuestras designaciones comunitarias.

Sin embargo, esos acuerdos han sido transgredidos por la minera El Puntal. Para nosotros son de extrema preocupación las estrategias de división, cooptación y difamación que la firma apli- ca y financia para frenar nuestro trabajo en defensa del territorio.

Destacaron que en diversas ocasiones han denunciado las agresiones verbales y amenazas por sujetos a quienes les pagaron para tal fin, cometidas el año pasado.

Por ejemplo, el 31 de julio pasado, un grupo encabezado por el empresario Julio Alfaro, vinculado a El Puntal nos atacó en uno de nuestros campamentos; el 4 de agosto, el mismo grupo se manifestó en contra de nosotros frente al palacio municipal de Acacoyagua cuando solicitábamos una reunión con el cabildo.

Respecto de la campaña de difamación, denuncian que en 2017 “operadores de la minera pagaron al periódico local El Diario del Sur para que publicaran al menos 16 artículos en los que acusan a varios integrantes del FPDS de ‘secuestrar al municipio’”, de extorsionar y de no permitir el desarrollo en la región, para desacreditar la lucha justa y colectiva de nuestra organización en favor del bien común.

Asimismo, la minera invierte en la formación de grupos que amenazan al comité de aguas de la ranchería Jalapa en Acacoyagua, e intervienen en los grupos de programas federales de Prospera para convocar a actividades de la empresa, señala el comunicado.

Por lo anterior exigimos al ayuntamiento de Acaoyagua que respete y haga respetar nuestras actas de asamblea y no permita más minería en la región. Exigimos que cancele la actividad minera de El Puntal SA de CV por no contar con la licencia requerida para realizar actividad económica en el municipio.