El gobierno de México aseguró ayer que en 2017, el número de quejas contra integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea por presuntas violaciones a derechos humanos se redujo 76 por ciento, respecto de 2012.

Al dar respuesta al informe de Human Rights Watch 2018, explicó que se han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual se refleja en la disminución de las acusaciones interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las recomendaciones emitidas por ésta.

Resaltó que también se han instrumentado cambios estructurales para abatir la impunidad y perseguir violaciones a derechos humanos mediante unidades especializadas de la Procuraduría General de la República (PGR).

En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como la PGR, las autoridades mexicanas ratificaron su compromiso con el esclarecimiento de los casos Ayotzinapa y Tanhuato, la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas.

Colaboración con el GIEI

Sobre el primero, en el que desaparecieron 43 normalistas, resaltaron que continúa la colaboración con el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y con los familiares de las víctimas y sus representantes. Puntualizaron que 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva.

Por lo que hace al segundo, en el que la Policía Federal mató a 13 personas, recordaron que hay detenidos y procesados y existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.

El gobierno mexicano aseguró que en el caso Tlatlaya, donde militares acribillaron a 12 personas, se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.

También manifestó su rechazo y condena tajante a todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones. La ley general en la materia entró en vigor el 27 de junio de 2017 en todo el territorio nacional, añadió.

Frente al asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, resaltó que se ha fortalecido sustancialmente el presupuesto y funcionamiento del mecanismo de protección a estas personas y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle).

Por último, reiteró su compromiso inquebrantable de garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional, tras reconocer que existen desafíos importantes en la materia por diversos factores internos y externos.

En su informe mundial capítulo México, Human Rights Watch resaltó que durante el actual gobierno, integrantes de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

La impunidad ante violaciones graves a derechos humanos y los pendientes en la implementación de reformas que podrían combatirla son dos elementos centrales del reporte.