La Ley de Seguridad Interior (LSI) contraviene la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, porque abre la posibilidad de vulnerar derechos y libertades básicas, deja a las fuerzas armadas la conducción de instituciones civiles, afecta el equilibrio entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y los poderes, afirmó ayer el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

En su informe al Congreso correspondiente al ejercicio 2017, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a los partidos políticos a desterrar diatribas y agravios en la campaña y evitar que el intercambio de ideas se vuelva intransigente o fanático.

González Pérez reportó que 2017 será considerado año atípico, porque es en el que se han emitido más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Los índices históricos de violencia y delitos, así como la percepción mayoritaria de inseguridad son evidencia clara y objetiva de que las autoridades han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad, resaltó.

Queremos más y mejor seguridad

Durante la presentación del informe, al dar respuesta a las preguntas de senadores y diputados, y más tarde en conferencia de prensa, acotó que si la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la LSI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debe a que no está de acuerdo con su contenido, pero no porque esté en contra de las fuerzas armadas, a las que hizo un reconocimiento.

Queremos más y mejor seguridad, lo cual es un derecho y un reclamo de la sociedad, pero esa seguridad no puede lograrse a cualquier costo, indicó.

Hizo un llamado al Congreso a dar respuesta a la violencia e inseguridad, pero que atienda las causas estructurales que generan esos problemas y no limitarse sólo a atender sus consecuencias. Consideró indispensable aprobar un marco legal para la construcción de una cultura de paz y reconciliación en México.

Dijo que si bien las quejas y recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina se redujeron respecto de 2016, aún se les señala como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria.

Ante ese panorama, pidió que las autoridades civiles recuperen la seguridad pública, porque en tanto las fuerzas armadas no regresen a sus tareas es previsible que esas imputaciones continúen el desgaste y debilitamiento de la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones.

Enseguida abordó el tema de la LSI que, cuestionó, será uno de los capítulos más polémicos y que mayor trascendencia tendrán en la historia para evaluar a la 63 Legislatura, que la aprobó en diciembre pasado.

Abundó que si bien uno de los argumentos para expedirla fue dar certeza a la población y a militares y marinos acerca de la actuación de éstos en tareas de seguridad pública, la simple lectura de la ley permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas.

Porque, sostuvo, es un instrumento que posibilita, sin parámetros objetivos y debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, que el Presidente de la República pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de las libertades y los derechos de las personas.

Esto, agregó, por causas y materias que trascienden por mucho el ámbito de la seguridad individual, por cuestiones tan imprecisas y de subjetiva interpretación como preservar el desarrollo nacional o el estado de derecho.

Uso de las fuerzas armadas y entrega de datos personales

Consideró que un aspecto fundamental radica en que si bien el artículo 89 de la Constitución otorga al Ejecutivo la atribución de usar a las fuerzas armadas, no dice que deba coordinar a la autoridad civil y pensamos que ese agravio la Corte lo resuelva.

La ley, además, podría obligar a que instituciones como la propia CNDH o las universidades públicas entreguen datos personales a las fuerzas armadas y planteó que, por el contrario, no queda explícito a qué se refieren los conceptos de amenaza y riesgo para echar mano de militares y marinos.

En el caso de la protesta social y manifestaciones públicas, advirtió que la ley conviene en que no serán objeto de persecución por las fuerzas armadas, sólo si las movilizaciones se realizan conforme a la Constitución.

Por otra parte, informó que en materia de quejas, las autoridades más señaladas como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos en 2017 fueron las del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social y del órgano de readaptación social.

En cuanto a los gobiernos locales, las quejas fueron contra Ciudad de México, estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca.