El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió que la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor el pasado 16 de enero, sea inmediata, transparente y con plena participación de los colectivos de familiares de personas víctimas de este delito.

Agregó que corresponde al gobierno federal proporcionar los recursos necesarios para su implementación, la cual conlleva cuatro elementos centrales:

La creación de la comisión nacional de búsqueda, que se encargará de ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, que se debe implementar a más tardar el próximo 15 febrero.

Familias que integran el movimiento consideraron que el proceso para elegir al titular de esta instancia debe realizarse de manera transparente y apegada al perfil que señala el artículo 51 de la ley.

Otra de las bases será la conformación del consejo nacional ciudadano, órgano de consulta cuya función será proponer acciones a las instituciones que conformen el sistema nacional de búsqueda, que debe estar listo a más tardar el 16 de abril.

También deben crearse fiscalías especializadas en todas las procuradurías del país, las cuales estarán encargadas de la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, y deberán coordinarse para garantizar la búsqueda de los desaparecidos; la fecha límite para que entren en vigor es el 15 de febrero. Asimismo, se pondrán en operación las comisiones estatales de búsqueda.

El movimiento señaló que al tratarse una ley general, las entidades federativas tienen la obligación y responsabilidad de armonizar sus estructuras, considerando y garantizando en todo momento la participación plena de los colectivos de familias que participamos en (la elaboración de) esta ley y que estamos a lo largo y ancho de México.

Los gobiernos estatales, sub-rayó, deben garantizar que los derechos de las familias y de las personas desaparecidas estén por encima de sus intereses políticos.

Por ello expresó su preocupación por la propuesta legislativa presentada en el Congreso de Veracruz, la cual, dijeron integrantes del movimiento, no contó con la participación de los colectivos de familiares de desaparecidos. Esto representa un retroceso a la apertura que autoridades de distintos niveles mostraron en el proceso para la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Si en el proceso en Veracruz no se incluye a los familiares, sería un antecedente para que esto suceda en otros estados, con lo que se comprometería la implementación eficaz de la ley en todo el país y se pondría en riesgo el funcionamiento del sistema nacional de búsqueda, advirtió el movimiento.