El Senado debe regresar de inmediato al presidente Enrique Peña Nieto la lista con los 18 candidatos para fiscal anticorrupción que propuso, ya que la mayoría tiene nexos partidistas y dos de ellos poseen señalamientos de irregularidades en otros cargos judiciales que han desempeñado, advirtieron los coordinadores del PT-Morena y del PRD, Manuel Bartlett y Luis Sánchez, respectivamente.

En entrevistas por separado, coincidieron en que es responsabilidad del Ejecutivo y su partido que se hayan retrasado esos nombramientos –que debieron aprobarse antes de julio del año pasado–, ya que Peña Nieto remitió a última hora la propuesta e incluyó a personajes ligados al PRI y PAN.

Bartlett Díaz recalcó que la propuesta presidencial llegó al Senado en los últimos días del periodo ordinario en abril de 2017, pese a que los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), responsables de sancionar delitos de corrupción cometidos por servidores públicos, debían entrar en funciones en julio de ese año.

Así que es una mentira lo que ha venido señalando el candidato del PRI, José Antonio Meade, en el sentido de que la oposición bloqueó o entorpeció el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Es el propio gobierno y el PRI los que lo han hecho, recalcó.

Por su parte, el perredista Luis Sánchez hizo notar que además del perfil partidista de la mayoría de los candidatos de la lista enviad al Senado por Peña Nieto, se le olvidó justificar el porqué designó a cada uno de los 18 magistrados y ese sólo hecho amerita que el Senado los regrese y pida perfiles idóneos.

Se requiere, insistió, a magistrados con carrera judicial y con probidad reconocida, sin ningún nexo con partidos políticos.

Los nombramientos se derivan de las reformas en materia de combate a la corrupción que dotaron al TFJA de nuevas facultades y responsabilidades. Se creó una tercera sección en la sala superior de ese tribunal y cinco salas especializadas, con tres magistrados cada una.

Para la sala superior Peña Nieto propuso a Álvaro Estrada Castro, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza. Los dos primeros están ligados al PRI y la última al PAN, especialmente a Fauzi Hamdan, quien ha obtenido ingresos millonario al litigar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Entre los más señalados están Víctor Mariel Soulé, cercano al panista Santiago Creel y acusado de actuar contra trabajadores, cuando presidió el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

A su vez, al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez se le ha acusado de estar relacionado con una red de corrupción en el Poder Judicial de Nuevo León.