El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debe actuar de manera contundente en contra de cualquier persona que pueda estar relacionada con el asesinato de Miroslava Breach Velducea –quien fue corresponsal de La Jornada en aquella entidad–, pues de lo contrario estaría incurriendo en una actitud cómplice que abonaría a la impunidad, señalaron activistas y académicos.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, consideró grave que la lucha de la administración de Corral en contra de la corrupción no vaya de la mano con una actitud de sensibilidad en el caso de Breach Velducea, para impedir que algún presunto responsable del delito pueda evadir la ley.

El mandatario chihuahuense debe actuar de forma contundente ante la hipótesis de que un grupo de panistas está relacionado con los asesinos de Miroslava, pues la falta de claridad respecto de este punto se sumaría a la ya existente sobre la forma en que perdió la vida el supuesto autor material de la ejecución de la periodista, así como sobre la identidad de los autores intelectuales del crimen.

Corral tiene que actuar de inmediato para proteger a los comunicadores y demostrar que no hay ninguna situación de doble estándar o de encubrimiento a personas que integran su gobierno. De no hacerlo así, estaría siendo cómplice o negligente, y de esta forma contribuiría a la impunidad que ha hecho que México sea señalado como un país peligroso para el ejercicio del periodismo, alertó.

Riesgo de politización

Por su parte, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, subrayó que el caso de Miroslava Breach corre el riesgo de politizarse, al coincidir con la demanda de Javier Corral de que se le entreguen a su gobierno unos 700 millones de pesos de fondos federales y se extradite a su antecesor en el cargo, el priísta César Duarte Jáquez.

Se debe desarrollar una investigación a fondo, pero se cruza con este marco de politización de la justicia, porque al mismo tiempo hay una demanda muy legítima del estado de Chihuahua, tanto de su presupuesto, como de que se proceda contra el anterior gobernador (por presunta corrupción), y eso hace muy complejo lo que debería ser una respuesta de Estado, lamentó.

Sin embargo, la académica enfatizó que por difícil que sea el actual panorama se debe investigar a todas las personas, con una óptica más amplia. Es la exigencia de la familia de la víctima, pero también de la sociedad: una investigación plena que rompa el ciclo de la impunidad.