Cacahuatepec, Gro.

El Congreso de Unión asigna una cantidad para el proyecto de La Parota y ese dinero se usa para la compra de conciencias, expone con sencillez apabullante el joven abogado Rogelio Teliz, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, defensor de los comuneros miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) presos en el penal de Las Cruces. Son 25, incluyendo el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y su hermano Vicente. Diez de los detenidos alegan haber sido torturados por la policía del estado.

El 7 de enero llegó a un punto de quiebre la larga e intensa lucha de los pueblos de ascendencia nahua y afromexicana contra los planes gubernamentales de construir una hidroeléctrica sobre el cauce del río Papagayo, que cruza el núcleo agrario de 47 pueblos en la zona rural del municipio de Acapulco, para desembocar más abajo en el Pacífico.

Uno no puede olvidar la experiencia de Atenco y el aeropuerto. Desde 2003, con amplia representatividad, el Cecop se ha opuesto a ese proyecto y, de hecho, logró detenerlo. Pero los sucesivos gobernadores guerrerenses (Torreblanca, Aguirre Rivero, Astudillo) han insistido en presionar a los pobladores de Cacahuatepec. Ahora, explica Teliz, quieren hacer un sistema de represas en el cauce del río, y pretenden, ilegalmente, que cada comunidad ribereña autorice por separado las cortinas. Se afectarían unas 17 mil hectáreas, desapareciendo poblados, tierras de siembra y lugares de trabajo, además de una abundante fauna silvestre. Todo por una obra que –citan– decía el ex alcalde acapulqueño Félix Salgado Macedonio: no hace ninguna falta. En términos de lucha no hay otra, comenta una de las esposas de los detenidos.

Ataque deliberado

Ante la creciente inseguridad en Cacahuatepec, los abusos de empresarios extractores de rocas del río y la hostilidad gubernamental contra el Cecop, en 2013 Cacahuatepec se integró a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que ha extendido su exitoso sistema de seguridad y justicia a cargo de las propias comunidades indígenas.

El día 7, en La Concepción, sede de la comandancia de la CRAC-PC en Cacahuatepec, se suscitaron dos hechos violentos muy graves. A eso de las tres de la mañana, durante una celebración, perdieron la vida ocho personas, y cerca del mediodía, en un operativo policiaco y militar, otras tres.

Los primeros caídos, asesinados por la espalda, fueron los policías comunitarios Eusebio Helaciano Melchor y el comandante Ulises García Martínez. Su agresor, Alejandro Melchor León (El Candil) fue ultimado en seguida cuando la CRAC repele la agresión y caen seis de los atacantes. Fue una clara provocación, afirma Teliz.

A las 11 de la mañana, la fuerza pública irrumpió en La Concepción, atacó a la CRAC-PC y ejecutó sumariamente a tres comunitarios más: Alexis Santos Castillo, Crescencio Everardo Lorenzo y Feliciano Ascencio. La primera agresión la encabezó Florentino Melchor, comisariado de bienes comunales favorable a La Parota y empresarios.

Tlachinollan denuncia que las autoridades gubernamentales han permitido una descomposición al interior de las comunidades con la presencia de gente armada para provocar un conflicto. Después, aprovechando la división comunitaria creada por el propio gobierno, y la presencia de grupos de choque, los grupos de poder económico y políticos azuzaron a sus aliados para atizar la hoguera de la violencia. Perversamente se alentó la confrontación entre las mismas familias y las autoridades dejaron que ellas mismas ajustaran cuentas.

Familiares de presos por los hechos violentos del 7 de enero en Cacahuatepec, Guerrero, alistan su viaje hacia la Ciudad de México para exigir la libertad de los 25 detenidosFoto Jesús Villaseca

Además del gobierno, uno de los responsables directos de esta división inducida con dinero y miedo es Humberto Marín, de la empresa Kimbar, influyente extractor de grava cercano al gobernador Astudillo; lleva cuatro años alentado la persecución contra Suástegui. El pertinaz vocero de Cecop ya estuvo preso en dos ocasiones anteriores; la última, en 2014, incluyó nueve meses en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, para quebrarlo, apunta su cuñada. Lo debilitaron físicamente, pero no lo quebraron. Ahora está preso de nuevo, aunque él llegó al lugar de los hechos después de éstos. Era domingo, había asamblea de la CRAC. Pero iban por él, informa un familiar que se guarda su nombre.

El abogado Teliz apunta: “El gobierno sólo investiga las muertes de los agresores; no le interesan los comunitarios muertos a traición o ejecutados”. Tampoco hay detenidos del otro grupo ni policías.

Según denunció Tlachinollan, el estigma contra Cecop y el linchamiento de policías comunitarios en La Concepción, tachados todos como delincuentes, evidencia la estrategia del gobierno de acabar con un movimiento legítimo y de presentar a los defensores comunitarios como responsables de los asesinatos. La postura facciosa de las autoridades estatales no es ninguna garantía para que las familias agraviadas logren justicia. Desde el momento de los hechos, éstas “actuaron con parcialidad y, lo peor de todo, prefirieron accionar sus armas contra los policías comunitarios para ejecutar a tres de ellos como la forma más burda de ajustar cuentas”.

Según el organismo, con sede en Tlapa, “el orden que debieron imponer las corporaciones policiales devino en ejecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, cateos ilegales y agresión a periodistas. Estas graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso no nos llevará al camino de la justicia; por el contrario, nos coloca en el estado de la barbarie donde impera el uso de la fuerza letal”.

Defender la tierra con el acero en la mano, como lo ha hecho el Cecop a lo largo de 14 años, “no da el derecho a las autoridades para ejecutar a policías comunitarios, ni calificar de delincuentes a los miembros del Cecop, violentando el principio de presunción de inocencia”, concluye Tlachinollan.

Teliz, representante legal de los comuneros detenidos, menciona en entrevista las maniobras de la Procuraduría Agraria para organizar asambleas comunitarias apócrifas, allanar el paso al empresario Marín y, en el largo plazo, al nunca abandonado proyecto de la Comisión Federal de Electricidad para construir la presa La Parota e inundar grandes extensiones de los poblados indígenas y de afrodescendientes en las riberas del gran río ­Papagayo.

Los empresarios iniciaron acciones legales contra Cecop con el apoyo del Estado, apunta Teliz. Como los comuneros han impedido la extracción de rocas y han detenido camiones cargados de grava y piedras del río (que se sustraen en grandes cantidades), les han levantado cargos de despojo y robo”. Cecop inició un juicio agrario (expediente 847/2017) y obtuvo sentencia favorable. El tribunal unitario agrario 41 “determinó que el empresario no puede comprar tierras de la comunidad, no es miembro de la asamblea, ni puede explotar el río, ya que adquirió el ‘permiso’ por fuera de la comunidad”. En represalia, hay 11 muertos, 25 presos, medio centenar de pueblos divididos y miedo.