La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) manifestó su preocupación por la grave situación en materia de garantías fundamentales que padece Guerrero, la cual se incrementó aún más en el inicio de este año con los hechos violentos en la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, donde tres policías comunitarios fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes estatales.

Las más de 80 organizaciones que conforman esta red criticaron que en lugar de hacer frente a la violencia endémica que existe en el estado, las instituciones de seguridad pública estén vinculadas en casos de graves violaciones a derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales en La Concepción, el 7 de enero, y el involucramiento de elementos policiales en (casos) de desaparición de personas.

Recordaron que en octubre pasado, ante la preocupación de la Red TDT por la crisis en la entidad, particularmente en Chilapa, se realizó una misión de observación en la que se documentaron varios casos de desaparición forzada y desplazamiento obligado en varias comunidades. Desde entonces se solicitó un diálogo con el gobernador, Héctor Astudillo, sin que hasta ahora éste haya respondido, por lo que reiteraron esa demanda.

Desinterés del gobernador

La ausencia de una respuesta real a nuestro planteamiento expresa el desinterés del gobernador hacia el tema de los derechos humanos. Al mismo tiempo los funcionarios del gobierno han sido omisos ante las graves violaciones a esos derechos cometidas por agentes del estado. En lugar de mostrar disposición para investigarlas, han llegado a impedir que se apliquen protocolos internacionales para deslindar responsabilidades en torno a hechos donde se ha violentado el derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, señalaron en un pronunciamiento.

Muestra de ello, agregaron, es la inaceptable actitud del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, quien hace unos días señaló que no es admisible aplicar el Protocolo de Minnesota (en la investigación sobre los hechos en La Concepción), debido a que no se trata de delitos de lesa humanidad ni de ejecuciones extrajudiciales. Esto en respuesta a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instó al gobierno estatal a actuar de manera eficaz, imparcial e inmediata en las indagatorias de esos sucesos.