Al comenzar el último periodo de sesiones de la 63 Legislatura, la Cámara de Diputados tiene pendiente de desahogar 197 solicitudes de juicio político, la mayoría acumuladas en este sexenio.

La más reciente reunión de trabajo de la subcomisión de examen previo, encargada de determinar si los expedientes pasan a la sección instructora, se realizó el 22 de marzo de 2017, cuando esa instancia jurisdiccional desechó 58 peticiones.

De acuerdo con el calendario de sesiones de la subcomisión, ésta se instaló hasta el 21 de abril de 2016, realizó su primera reunión casi seis meses después –el 6 de octubre de ese año–, sin que desahogara tema alguno, y el 10 de noviembre únicamente se distribuyeron entre sus integrantes los formatos para el desahogo de casos.

Cuatro meses después, el primero de marzo de 2017, desechó 109 expedientes debido a que los asuntos prescribieron y ya no había materia. El 22 de ese mismo mes rechazó otros 58, de los cuales 49 eran de funcionarios a quienes no se les puede aplicar juicio político, y nueve debido a que los señalados habían muerto.

A esa fecha, a la subcomisión de examen previo se habían turnado 364 casos, de los cuales sólo se han revisado 167, pero sin que ningún ex funcionario señalado sea enjuiciado por la Cámara.

Ayer, el vicepresidente de la mesa directiva, Rafael Hernández Soriano (PRD), sostuvo que aun cuando la mayoría son casos en los que se señala probable corrupción, éstos se han dejado en la impunidad debido a que la mayoría del PRI obstruye el seguimiento porque están señalados muchos militantes de ese partido.