Una nueva reforma al sistema nacional de salud es necesaria y su concreción depende de la voluntad política de quienes toman las decisiones en el país, advierte un estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

De cara a las elecciones presidenciales, el organismo privado presentó una nueva propuesta –antes lo hizo en 2012– en la que advierte que la mayoría de los cambios requieren acuerdos y no recursos.

Advierte que los avances en salud son notoriamente insuficientes y tal como se encuentra en la actualidad el sistema, está fuera de sintonía respecto de los retos que plantea el envejecimiento de la población y las enfermedades no transmisibles como cáncer y diabetes, comentó Rodolfo de la Torre, coordinador de la investigación.

En el documento se reitera la necesidad de que exista un fondo único para financiar los servicios médicos, un padrón universal de usuarios y la reducción paulatina de las cuotas obrero-patronales de la seguridad social.

Dada la importancia de la salud de las personas en el desarrollo económico del país, la reforma planteada debe incluir un marco general de cero reducción al presupuesto en salud.

El estudio que se presentó ayer por la tarde en un acto en el que participaron algunos de los 17 especialistas encargados de su elaboración, también se refiere a la fragmentación del sistema sanitario en México y la diferenciación de los servicios clínicos a que las personas tienen derecho de acuerdo con su condición laboral.

Destaca que en el caso de la seguridad social, donde están afiliadas 60 por ciento de las personas ocupadas, según el reporte, significa que 13 por ciento no está inscrita en alguna institución, mientras 10 por ciento está en dos o más organismos de salud.

Respecto del gasto público en salud del país, la investigación señala que se ha estancado en alrededor de 3 por ciento del producto interno bruto, la mitad de lo que se recomienda a escala internacional. Además, aún predomina el gasto privado, el que realizan las familias con sus propios ingresos y suele ser catastrófico y empobrecedor.

Con base en estas y otras consideraciones, el documento plantea la necesidad de restructurar el sistema de salud y por lo pronto, fortalecer el Acuerdo Nacional hacia la Universalización, el cual se concentra la portabilidad de los servicios y el aprove- chamiento de la infraestructura disponible.

El proyecto del CEEY plantea que la universalización puede avanzar con los incentivos apropiados. En lugar de las actuales cuotas obrero-patronales de la seguridad social, tener compensación por ajustes en otros impuestos (IVA, ISR e impuestos especiales).

Dice que los trabajadores no asalariados pueden contribuir con el sistema mediante impuestos en función del ingreso que reporten. Señala que el financiamiento debe ser por persona y no por familia, por lo que se tendría que modificar las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado .

También se debe crear un fondo nacional de intervenciones de alto costo, en un esquema similar al de protección contra gastos Catastróficos del Seguro Popular. Otra propuesta tiene que ver con el IMSS-Prospera, el cual debería financiarse a través del Seguro Popular.