Río de Janeiro.

Dos días después de que un tribunal de segunda instancia no sólo confirmó la condena a Luiz Inácio Lula da Silva, sino que la aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes, el instituto DataFolha realizó una encuesta electoral.

El resultado confirmó lo previsto: Lula no sólo preservó su lugar de favorito absoluto, sino que aumentó su ventaja, de acuerdo con la simulación de enfrentamiento con tal o cual adversario. Y más aún: en caso de que, efectivamente, sea inhabilitado para disputar las elecciones de octubre, 27 por ciento de sus partidarios admiten que votarían por una candidatura respaldada por él, mientras 22 por ciento dicen que muy probablemente lo harían.

Lula oscila, según la simulación de adversarios, entre 34 y 37 por ciento en la intención de voto. Su más directo competidor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, tiene entre 16 y 17 por ciento. En cualquier simulación de segunda vuelta, Lula gana.

En caso de que el ex gobernante no pueda presentarse, 36 por ciento considera el voto en blanco, anularlo o abstenerse. La diferencia entre ese grupo y el total de entrevistados que sí optarían por algún otro nombre es muy pequeña: 39 por ciento, o sea, una distancia de 3 por ciento.

Sin Lula, y contrariando las previsiones más alarmistas, Bolsonaro no crece tanto: a lo sumo, dos puntos.

De los nombres presentados en la encuesta, los identificados con el actual gobierno, como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del derechista DEM, o el actual ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, alcanzan solamente uno por ciento en la intención de voto. Y el nombre previsto por el PSDB, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, el actual gobernador de San Paulo, Geraldo Alckmin, roza 8 por ciento.

Dos puntos se confirman. El primero: los grupos que se unieron para destituir a la presidenta Dilma Rousseff y entronizar a Michel Temer y su círculo de confianza no tienen un nombre viable, en términos electorales, para ofrecer al público. Tienen fuerza suficiente para una serie de iniciativas, recortes y ajustes, pero no para elegir a alguien de confianza, capaz de preservar la actual línea política y principalmente económica.

El segundo: por más que de aquí a octubre se desgaste la influencia de Lula, y por más frágil, en términos electorales, que sea el nombre apoyado por él y por el PT, el ex presidente tendrá fuerte influencia en las urnas.

Si se considera que Lula da Silva padeció y padece aún los efectos de la implacable e incesante presión de todos los grandes medios de comunicación brasileños, con énfasis en la televisión, y al mismo tiempo es blanco de lo que acusa ser una campaña claramente orquestada por los tribunales, observar cómo mantiene una amplia preferencia del electorado es sorprendente. Esa circunstancia, dicen analistas políticos, justifica los temores no sólo de que lo lleven a la cárcel, sino que la misma realización de las elecciones pueda estar en riesgo.

Sería la culminación de una formidable secuencia de actos y actitudes polémicas en el ámbito político-mediático-judicial que se desarrolla frente a la inacción de los mecanismos constitucionales existentes para impedir abusos y arbitrariedades. El Consejo Nacional de Justicia, por ejemplo, o el Supremo Tribunal Federal.

Un dato al margen: pese al esfuerzo de los medios hegemónicos de comunicación, la opinión pública empieza a darse cuenta de que algo raro pasa en los tribunales cuando se trata del ex presidente.

El juez de primera instancia Sergio Moro, por ejemplo, ensalzado y aclamado por los medios, vio aumentar su reprobación en los sondeos de opinión. Si hace un año casi 70 por ciento de los entrevistados lo apoyaban, ahora el índice bajó a 53 por ciento.

Una iniciativa de Moro puso en claro su criterio de equilibrio y justicia, denunciado por más de un centenar de juristas brasileños y de otros países.

Como se recordará, Lula fue condenado en primera y segunda instancias por haber recibido de la constructora OAS un departamento en un balneario vecino a San Paulo, a manera de soborno.

La única prueba –única– fue la palabra del ejecutivo de la constructora. Ningún papel, nada de nada.

Hace dos días, el mismo juez Moro determinó que el inmueble en cuestión sea llevado a subasta pública y que el dinero que se obtenga con la venta sea destinado, en caso de que se compruebe la irregularidad, a indemnizar a la supuesta víctima, la estatal Petrobras.

Pero, si no se comprueba delito alguno, el dinero deberá ser destinado a la constructora OAS o al ex presidente Lula da Silva.

Esa o expone la fragilidad de todo el juicio.

Al fin y al cabo, si el mismo juez no sabe a quién destinar lo que se obtenga en la subasta, ¿cómo condenó al ex presidente?, quien, a propósito, siempre rechazó ser propietario del inmueble, que sigue registrado a nombre de la constructora.

Si el mismo juez admite no tener seguridad sobre a quién entregar el dinero de la subasta, en caso de que no se compruebe el soborno, gana fuerza la versión, defendida tanto por el PT como por un nutrido batallón de abogados, de que la condena contra Lula es injusta y absurda.