ajo advertencia no hay engaño: con el llamado que hizo ayer el influyente senador republicano Marco Rubio para que los militares venezolanos derroquen al gobierno democráticamente elegido del presidente Nicolás Maduro, quedó claro –por si no lo estaba ya de manera suficiente– el consenso entre la cúpula republicana para respaldar una salida violenta a las diferencias entre el gobierno chavista y la oposición de derecha en la nación caribeña.

En efecto, los mensajes emitidos por el legislador ultrarreaccionario a través de su cuenta de Twitter no se producen en el vacío, sino que dan seguimiento a una serie de dichos y acciones que corroboran el designio de Washington para precipitar una transición en el país petrolero. Aunque los sucesivos mandatarios estadunidenses han compartido su repudio al régimen soberano de Caracas, en las últimas semanas se ha visto un recrudecimiento de tal postura con las inaceptables declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, al tildar a las fuerzas armadas de agentes de cambio cuando las cosas están muy mal.

Más preocupante aún es el salto de los dichos a los hechos, presente en la imposición de un cerco económico para impedir a Venezuela que comercie su petróleo con las islas del Caribe, pese a que es su proveedor natural por factores geográficos e históricos, al tiempo que se impide a ese país la compra de productos refinados provenientes de la costa sur de Estados Unidos, todo esto con el explícito propósito de provocar el colapso de la economía venezolana. Resulta, por decir lo menos, perverso que estas medidas se tomen pese al reconocimiento de la parte agresora acerca de su impacto catastrófico en las condiciones de vida de la población.

Por último, no puede pasarse por alto que a esta escalada de agresiones verbales y comerciales –contra Venezuela, pero también contra Corea del Norte e Irán– le siga la ominosa aprobación de un colosal incremento al gasto militar, con el cual se destinará a sus fuerzas armadas 700 mil millones de dólares, un monto superior al de las diez naciones siguientes con los presupuestos de defensa más elevados. La confluencia de una retórica belicista con la entrega de recursos virtualmente ilimitados al gasto de guerra supone una pésima señal para la paz mundial.

Todo lo anterior difícilmente motiva sorpresa si se atiende al extenso historial de Washington en la violencia contra el resto del mundo –ya sea mediante ocupaciones militares, invasiones, bombardeos, anexiones ilegales de territorios, promoción de golpes de Estado o financiamiento de grupos políticos serviles– pero el silencio cómplice de la comunidad internacional es una perturbadora indicación de hasta qué punto se encuentra degradada la legalidad global.

Como no ha dejado de apuntarse en este espacio durante la embestida injerencista en curso, el rechazo a los afanes imperialistas de la potencia norteamericana supone una postura ética y legal que debe emprenderse al margen de la calificación otorgada a los actores en disputa dentro de Venezuela.